Desde el aire, la finca “Karina” parecía una estación de tránsito improvisada. Un dron sobrevoló el predio días antes de los allanamientos y registró lo que las cámaras a nivel de tierra no podían captar: una playa sobre el río Bermejo repleta de vehículos, gomones que cruzaban desde Bolivia cargados de mercadería y una red de cobros instalada en puntos estratégicos. La propiedad, situada a unos dos kilómetros del paso fronterizo formal de Aguas Blancas, fue el epicentro de una operación de contrabando que dejó al descubierto una estructura organizada con ganancias multimillonarias.
La red fue desarticulada por la Justicia Federal tras una investigación iniciada el 26 de mayo. El fiscal federal de Tartagal, Marcos Romero, formalizó anteayer una causa penal contra 11 personas, una de ellas funcionaria policial, por los delitos de asociación ilícita y contrabando de importación agravado por el número de intervinientes y por el valor en plaza de la mercadería. La formalización se realizó ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, quien intervino en carácter de interina del Juzgado Federal de Garantías de Orán. La magistrada autorizó medidas probatorias, como el peritaje de teléfonos celulares secuestrados, dictó la prisión preventiva de todos los imputados y ordenó la clausura de la finca, con consigna permanente de Gendarmería Nacional.
Los imputados son José Suárez, los hermanos Francisca, Carmen y Jorge Cardozo, Gladis Salazar, Pedro Rivero, María Basco, Virginia Orellana, Cintia Gutiérrez, María Segundo y María Laura Tintilay. Esta última fue imputada con agravantes por su condición de policía provincial, con funciones en la Subcomisaría 9 de Julio, con asiento en Orán.
La investigación se inició de oficio a partir de una información que alertaba sobre actividades de comercio ilegal en la finca “Karina”, situada a la vera de la ruta nacional 50. La propiedad, compuesta por dos matrículas catastrales, tiene acceso desde la ruta y conecta con la margen argentina del río Bermejo, cuya playa estaba acondicionada para el arribo de gomones que cruzaban desde Bolivia con mercadería de todo tipo, incluso vehículos. Medios de comunicación llegaron a registrar el cruce de una camioneta.
Las pesquisas fueron impulsadas por la Fiscalía de Distrito de Salta, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, y acumuladas a la causa principal. El fiscal Romero inició tareas de campo con personal de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Orán, dependiente de Gendarmería Nacional. Se determinó que uno de los domicilios está a nombre de Gladis Salazar, quien lo adquirió en febrero, mientras que el segundo, situado hacia la playa del río, pertenece a Blanca Cortez, fallecida y en proceso de sucesión. Sobre ese terreno existe un litigio por prescripción adquisitiva iniciado por José Cardozo, padre de tres de los imputados.
Entre los principales responsables fue identificado Alfredo Salazar, hermano de Gladis, quien reside en Bolivia y está imputado por operar el envío de mercadería ilegal desde ese país. La finca fue registrada a nombre de Gladis tras una supuesta compra por $20.000.000, cifra que no se condice con su perfil patrimonial. La detención de Alfredo Salazar no pudo concretarse, y hay otras capturas pendientes.
Según el fiscal, la administración de la actividad ilegal desde Argentina estaba en manos de José Suárez, junto a los Cardozo y Pedro Rivero. Ellos supervisaban el ingreso de vehículos desde la ruta hasta la playa del río, donde se cruzaba hacia Bolivia para comprar mercadería y regresar. En menor proporción, también se despachaba mercadería hacia el vecino país.
El circuito clandestino generaba ganancias millonarias. Se habían instalado dos puntos de cobro: uno en el acceso a la finca, donde se cobraban $2.000 por vehículo, y otro en la playa, donde se exigían $1.000 por bulto de mercadería. Además, dentro del predio funcionaban seis puestos de comida regenteados por los imputados, cuyos responsables debían pagar $20.000 diarios para operar.
El fiscal calculó que por día ingresaban unos 300 vehículos, cada uno con un promedio de diez bultos de mercadería. La recaudación diaria ascendía a $3.720.000, con excepción de los domingos, cuando la finca permanecía cerrada. Un informe elaborado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección General de Aduanas (DGA) estimó que el movimiento económico anual generado por el contrabando en esa finca alcanzaba los $2.975.392.851,56, con un promedio mensual de casi $229.000.000.
La actividad ilegal fue confirmada por las evidencias obtenidas a partir de la intervención de un agente revelador, dispuesto por la Fiscalía de Distrito. Para demostrar el flujo de vehículos, el fiscal presentó en la audiencia un video grabado por un dron días antes de las detenciones, en el que se observa el recorrido de la finca y la gran cantidad de vehículos estacionados en la playa del río, mientras los gomones cruzaban hacia Bolivia.
Con estas pruebas, Romero solicitó al juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, la autorización para allanar la finca y otras dos viviendas en Orán. El operativo se concretó el lunes 4 de agosto con una comisión mixta de 170 efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Salta, DGA y ARCA.
Durante el procedimiento, los agentes se encontraron en uno de los puntos de cobro con la imputada María Laura Tintilay, quien reconoció ser policía provincial. El fiscal solicitó la prisión preventiva de todos los imputados, argumentando riesgo de fuga y entorpecimiento procesal. También destacó la gravedad del hecho, el perjuicio al Estado y a la comunidad, y la imposibilidad de que los acusados accedan a un régimen de prisión condicional.
En el caso de Rivero y Salazar, el fiscal señaló que ambos se deshicieron de sus teléfonos celulares, que estaban intervenidos, lo que demuestra una conducta contraria al accionar de la justicia. Por último, Romero pidió la clausura de la finca y la instalación de una consigna fija de Gendarmería Nacional, no sólo para evitar el contrabando, sino también para prevenir otros delitos, como asaltos.
Las defensas no objetaron la formalización de las imputaciones, aunque sí cuestionaron la prisión preventiva. La jueza Hernández rechazó los planteos y resolvió en línea con la fiscalía: dictó la prisión preventiva de los 11 imputados y ordenó el cierre de la finca.
La causa sigue abierta y se esperan nuevas medidas probatorias. La Justicia Federal considera que el contrabando en Aguas Blancas no es un hecho aislado, sino parte de una estructura organizada que opera con complicidad local y conexiones internacionales. El caso podría derivar en nuevas imputaciones y en el fortalecimiento de controles en la zona, donde el cruce informal de mercadería se ha convertido en una práctica habitual, tolerada por sectores que se benefician de la informalidad y la falta de fiscalización.
