En fuentes de primer nivel y en antecedentes de la Corte, no hay dudas de que se va a rechazar el recurso de queja de Cristina Kirchner sin abrirlo, pero no se sabe cuándo porque será en forma sorpresiva. Si va a hacer en el corto plazo y cualquier día de la semana ya que desde el 2021 se implementó un sistema de acuerdos por Zoom y con firma digital. No se quiere poner fechas para evitar más presiones y se juramentaron entre ellos no difundir la fecha.
Mientras, en el palacio de Tribunales esperan que el kirchnerismo persista en su estrategia de espionaje ilegal, escraches y movilizaciones, una vez que salga la confirmación de la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
De improviso, el jueves la Corte rechazó la recusación que la ex presidenta había formulado contra el juez Ricardo Lorenzetti, justo el día siguiente a que la ex presidenta anunciara que será candidata a diputada por la Tercera Sección Electoral de la provincia.
Con ese anuncio y no una candidatura nacional, Cristina ganó un mes de tiempo y parecería que la Corte le advirtió, con el rechazo a la recusación de Ricardo Lorenzetti al día siguiente, que su situación procesal aún está abierta y cada vez más compleja. Fue rechazada de plano por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el mismo Lorenzetti y así la Corte quedó en condiciones de votar.
En los últimos meses se conformó una mayoría entre Rosatti y Rosenkrantz, pero en casos de corrupción en general Lorenzetti votó en la misma sintonía.
Desde el punto de vista técnico “el expediente ya está en condiciones de resolverse”, contó otra fuente. El martes pasado, en su reunión de acuerdo, la Corte resolvió otras casi 400 causas.
Además de esta sentencia en Vialidad, el 6 de noviembre próximo la ex vicepresidenta deberá estar sentada en el banquillo de los acusados en el juicio oral de la causa de los Cuadernos de las Coimas. En este caso, procesada como jefa de una asociación ilícita que recaudó millones de pesos en coimas entre contratistas de obra pública.
Hay más. En diciembre pasado, esta misma Corte –aun con Juan Carlos Maqueda que se jubiló días después– confirmó el archivo de la causa llamada Dólar Futuro y ordenó que se realice el juicio oral por el encubrimiento de cinco iraníes en la causa por el atentado a la AMIA que denunció el fiscal Alberto Nisman. Luego de varias recusaciones, el tribunal quedó conformado con los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Javier Ríos.
Los dos primeros integraron el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que condenó a la vicepresidenta en el caso Vialidad. En Comodoro Py ya se contrató personal extra que reclamaban los jueces y se está en condiciones de ponerle fecha de inicio. Será el que más repercusión internacional tendrá y en el cual Cristina aparece sentada junto al líder de Quebracho Fernando Esteche y el dirigente piquetero, Luis D’Elía, entre otros acusados.
Fuentes judiciales negaron a Clarín que el Gobierno de Javier Milei haya presionado a la Corte para que retrase su decisión y permita que Cristina pueda inscribirse como candidata antes del 19 de julio, tener derecho a ser elegida y fueros que le darán inmunidad de arresto. Javier Milei quiere a Cristina en la cancha electoral y por eso dos senadores aliados bloquearon la ley de Ficha Limpia.
El nexo con la Corte es el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, un ex secretario del máximo tribunal, que conoce los códigos de tribunales y «no hace pedidos por causas». En cambio, sí se quejan por el retraso en la llegada de dinero para implementar el sistema de acusación en los tribunales de Comodoro Py a partir del 11 de agosto que prometió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
En concreto, las fuentes admiten que “en tiempos de la Justicia, 40 días hasta el 19 de julio son una eternidad”.
El recurso de queja de Cristina, junto al de los otros ocho acusados y el del fiscal Mario Villar, “no es una causa política” como dice el kirchnerismo, explicó un conocedor de los pasillos del palacio de Tribunales. “Una causa política es por ejemplo el reclamo del gobierno porteño por la quita de fondos de la coparticipación federal. Se trata de una cuestión originaria de la Corte. En cambio, la causa Vialidad está en la secretaria penal de la Corte”, acotaron.
En la causa Vialidad “hay políticos y particulares acusados de crímenes comunes”, resaltaron en alusión a los 3.500 millones de dólares que en total los gobiernos de los Kirchner dieron a las empresas de Lázaro Báez en licitaciones direccionadas por obras que no terminaron y con sobreprecios.
La Corte usó el mismo criterio, que aplicará ahora, para confirmar condenas del ex ministro de Planificación Julio De Vido y toda la plana mayor de ese Ministerio en diversos expedientes, del ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone y de la dirigente social K Milagro Sala, entre otros, pese a las marchas contra la Corte.
Con esos antecedentes es impensable que el máximo tribunal vaya a aceptar la queja de Cristina, a pedir el expediente y a ponerse a revistar hecho y prueba. La Corte es un tribunal constitucional y se trata de una causa en que Cristina fue procesada en instrucción y confirmada su situación por las Cámara Federal y de Casación, con derecho a múltiples apelaciones, recusaciones y que pasó por la firma de 11 jueces y fiscales desde el 2008 cuando Elisa Carrió hizo la denuncia original que luego fue ampliada en 2016 con nuevas pruebas clave presentadas por el entonces interventor de Vialidad, Javier Iguacel.
En la Justicia ya prevén que Cristina sigue, tras el fallo, con la “misma estrategia política de siempre: marchas, denunciar Lawfare y ponerse en víctima”. Por lo pronto, Juan Grabois declaró en estado de alerta y movilización a su agrupación, al igual que otros sectores K.
Un viejo juez recordó que mientras el ex presidente Carlos Menem en las causas judiciales que enfrentó “tenía un equipo de abogados de primer nivel, Cristina contrató a Carlos Beraldi y a otros que son impresentables” y sigue buscando una salida en la política y en las operaciones.
