El Gobierno aplicó un aumento en el precio mayorista del servicio eléctrico y a partir de febrero habrá subas en las tarifas de hasta un 120% para los sectores de mayores ingresos. La decisión se confirmó a través del Boletín Oficial de este lunes.
Se trata de una fuerte suba en uno de los componentes de la tarifa total, que impactará solamente sobre usuarios residenciales que están catalogados como “Nivel 1 de la segmentación” y que renunciaron o no pidieron los subsidios a la energía.
El sector alcanzado por los cambios definidos en la Resolución 7/2024 firmada por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, representa aproximadamente a un 30% del total de los hogares.
En paralelo, se mantendrá por tres meses -hasta mayo- el congelamiento de las tarifas para los hogares N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios) “hasta tanto se ponga en vigencia el nuevo sistema de subsidios que considerará la capacidad de pago de cada consumidor”.
Pese a que está confirmado por Boletín Oficial el aumento de hasta un 120% del precio mayorista de la luz, todavía resta conocer cuál va a ser el impacto real en la tarifa final de los usuarios residenciales.
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La medida va de la mano con lo que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional en el último informe. Con la mira puesta en el recorte del gasto, desde el Ejecutivo se comprometieron a recortar los subsidios en materia de energía y transporte.
El acuerdo con el organismo internacional implica una suba en las tarifas de luz y gas a partir de febrero. En el caso puntual de la electricidad se habló de un aumento de más del 200% y el gas de más del 150%.
En la resolución publicada este lunes, el Gobierno enumeró una larga lista de motivos que lo llevaron a tomar la decisión de actualizar el precio mayorista. En primer lugar, cuestionó la política energética del Gobierno anterior al considerar que “no transparentaba los costos reales del suministro eléctrico”.
También se amparó en la declaración de la emergencia del Sector Energético Nacional que se declaró el 16 de diciembre del año pasado, seis días después de la asunción de Javier Milei, y que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.
“Se instruyó a la secretaría de Energía del Ministerio de Economía para que elabore, ponga en vigencia e implemente un programa de acciones necesarias e indispensables con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías”, precisa la resolución.
Desde el Gobierno remarcaron que la decisión va en línea con “la necesidad de adoptar medidas urgentes para poner fin al déficit fiscal” y agregaron que “el sector energético resulta central para la reversión de la situación de crisis que atraviesa el país”.
“La política de mantener un esquema de subsidios generalizados y crecientes en el tiempo, implementada a través de los Aportes del Tesoro, resulta incompatible con la situación financiera por la que atraviesan las cuentas públicas, por lo cual deviene imposible el mantenimiento de los aportes del Tesoro Nacional que funcionaron como un subsidio generalizado a toda la demanda implementada por las Administraciones anteriores”, completaron.
