El Gobierno nacional denunció esta tarde al ex presidente Mauricio Macri y a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros, por el envío de “material bélico” a Bolivia con el presunto fin de colaborar en la represión tras la salida del poder de Evo Morales. La denuncia, por contrabando agravado y otros delitos, fue presentada ante la Cámara Federal, pero aún no fue sorteada, dijeron fuentes oficiales.
En la presentación, a la que tuvo acceso Infobae, además de Macri y Bullrich están acusados Oscar Aguad (ex Ministro de Defensa), Jorge Faurie (ex Ministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (ex Director General de Aduanas), Eugenio Cozzi (ex Director Ejecutivo de la ANMaC), Gerardo José Otero, (ex Director Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (ex Comandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (ex Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina).
Los primeros en salir a responder la denuncia pública fueron el ex canciller Jorge Faurie y la ex ministra Patricia Bullrich. El sábado, el ex presidente Mauricio Macri desmintió “de manera rotunda la verdacidad de las acusaciones” sobre el rol de la gestión de Juntos por el Cambio durante la crisis política boliviana y buscó “repudiar la carta que el presidente Alberto Fernández envió a las autoridades bolivianas expresando ‘dolor y vergüenza’ sobre esos hechos falsos en los que quieren involucrarme”.
Una investigación realizada por un sitio de verificación de noticias falsas y del discurso público en Bolivia respaldó la versión de que es falsa la carta que el ex comandante de la Fuerza Aérea de ese país Jorge Gonzalo Terceros Lara le habría enviado en 2019 al entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, en agradecimiento por el “material bélico” que habría recibido de parte del gobierno de Mauricio Macri para supuestamente reprimir las protestas tras la salida del poder de Evo Morales.
Sin embargo, el Gobierno decidió avanzar con una denuncia penal por los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra (arts. 863, 865 inc. a y b y 867 del Código Aduanero), en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos (art. 260 C.P.), abuso de autoridad (art. 248 C.P.) y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación.
Fuente: Infobae.com
