La primera medida fuerte del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich llegó a la Justicia: plantearon la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes y la definición recayó sobre el fuero federal.
El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) reclamó este lunes a la Justicia una medida cautelar que suspendiera la aplicación de la medida “hasta que se resuelva el fondo de la cuestión”.
En la presentación, el MST solicitó una “acción declarativa de inconstitucionalidad (…) del protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” anunciado por Bullrich porque, según argumentaron, “lesiona derechos y garantías de carácter constitucional”.
En ese sentido, el espacio de izquierda reclamó “una medida cautelar urgente para que, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, el Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de aplicar en las protestas callejeras tal protocolo”.
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Entre los fundamentos, mencionaron que la iniciativa “amenaza derechos políticos y penaliza la ocupación del espacio público en toda forma de manifestación pacífica, limitando así los derechos constitucionales de reunión, de peticionar a las autoridades y la libertad de expresión”.
A su vez, sostuvieron que la aplicación del protocolo antipiquetes implicaría “la persecución hacia los grupos opositores, usando la fuerza represiva estatal, criminalizando el accionar legítimo de quienes usamos la manifestación en el espacio público como un canal democrático de expresión”.
Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), realizaron una presentación internacional ante la medida de la cartera nacional de Seguridad de La Nación. Lo hicieron ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Acompañaron 1700 firmas.
El Gobierno le respondió a Kicillof por no acatar el protocolo antipiquete: “Primero es el derecho a circular”
El Gobierno salió al cruce contra la provincia de Buenos Aires luego de que el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, confirmara que no acatarán al protocolo “antipiquete” dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Cada gobernador será responsable por el acatamiento o no del protocolo. Nuestra prioridad es que el que quiera circular, circule”, señaló el portavoz presidencial, Manuel Adorni, esta mañana en la habitual conferencia de prensa.
El vocero de Javier Milei le advirtió al gobernador bonaerense que deberá “dar explicaciones” por el no acatamiento del, según aclaró Adorni, “protocolo de orden público”.
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En esa línea, remarcó: “Si la prioridad del gobierno provincial no es la circulación libre y por eso no acata al protocolo, deberá darle as explicaciones a cada uno de los bonaerenses”.
Ante la consulta sobre la diferencia de criterios entre Nación y Provincia, Adorni respondió: “Nosotros entendemos que primero está el derecho, el cumplimiento de la ley y la libertad de los ciudadanos para circular”.
