La resolución fue adoptada días pasados, por el Tribunal con Función de Juicio integrado por los jueces Dres. Mario Ramón Puig- presidente de tramite-, Salvador Gustavo Ortiz y Luis Ernesto Kamada; secretaría a cargo del Dr. Héctor Mario Bernal.
Constituidos en el recinto de audiencias de la Oficina de Gestión Judicial, los magistrados además ordenaron el inmediato traslado de J.A.A al domicilio donde deberá cumplir la pena impuesta y proceder a su incorporación al régimen de progresividad de la pena.
Asimismo, impusieron al condenado el cumplimiento de reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento a las víctimas por menos de 500 metros de sus domicilios y/o en el lugar en que las mismas se encuentren; la abstención de ejercer actos de violencia en cualquiera de sus tipos y/o actos molestos por cualquier medio personal, telefónico, redes sociales en contra de las víctimas; todo durante el plazo que dure la condena, conforme lo acordado por las partes.
Así también, le ordenaron a J.A.A. asistir y acreditar la realización de un curso sobre Violencia de Género hacia las Mujeres en Institución Pública y/u ONG especializada en la problemática; asistir y acreditar cada 15 días el inicio y sostenimiento de proceso terapéutico por sus conductas violentas, durante el tiempo que dure la condena salvo que el/la profesional mediante informe correspondiente de cuenta de que se han cumplido los objetivos terapéuticos.
Además, los magistrados dispusieron la implementación de la aplicación D.I.M.E.-BOTON ANTIPANICO- en dispositivo móvil para víctimas de Violencia de Género por intermedio de la Dirección General de Políticas de Género de la Policía de la Provincia, para las tres víctimas de los delitos ejecutados por el sentenciado, hasta el cumplimiento total de la condena impuesta.
Todo lo mencionado bajo el apercibimiento que, si el condenado no cumpliere con alguna de las reglas impuestas, el Juez de Ejecución de la Pena podrá disponer revocar la prisión domiciliaria en caso de que se persistiere o reiterare el incumplimiento.
Finalmente, una vez firme y consentida la sentencia, se ordenó la obtención del perfil genético del sentenciado a efectos de su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
Los hechos
Según la requisitoria de la Fiscalía, J.A.A. fue acusado y condenado por seis hechos ilícitos contra tres menores de edad.
El primer hecho que se le atribuyó sucedió a principios del año 2018, en circunstancias en que una niña de 9 años de edad se encontraba junto con su familia en la puerta de una iglesia en Alto Comedero, en la que el condenado revestía la calidad de pastor. En esos momentos, el sujeto aprovechando que nadie lo veía, perpetró el abuso contra la menor.
El segundo hecho de abuso ocurrió entre los años 2020 y 2021, un día lunes, luego de la Navidad del año 2020, tuvo como víctima a la niña antes mencionada, que ya tenía 11 años de edad.
El tercer hecho por el que se juzgó a J.A.A tuvo lugar entre el 23 de julio de 2015 y 22 de julio de 2017 cuando otra menor, que tenía entre 10 y 11 años de edad en esos momentos, asistía a la “Escuelita Bíblica” en la iglesia mencionada, fue víctima de los abusos mientras aguardaba que su madre la retire del lugar.
El cuarto, quinto y sexto hecho fueron perpetrados contra otra menor de edad con quien el imputado convivía en una vivienda de Alto Comedero. Los ilícitos ocurrieron entre los años 2004 hasta el 2011, transcurso en el que J.A.A cometió los abusos contra la niña aprovechando la situación de convivencia preexistente.
Juicio Abreviado
El acusado J.A.A. fue juzgado en un juicio abreviado al hacer lugar los jueces a la solicitud formulada por el fiscal Dr. Aldo Lozano, la querella representada por el Dr. Joaquín Campos del Centro de Asistencia a la Víctima y el Dr. Benito Enzo Quispe, defensor técnico del imputado, de aplicar el procedimiento especial previsto por el Artículo 411 del Código Procesal Penal de la provincia.
Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer en el plazo establecido en el citado Código, a partir de lo cual las partes podrán solicitar su revisión ante una instancia superior al Tribunal de juicio.
