Pero más allá de errores de cálculo pasado o cuestionamiento de los futuros y, sobre todo, de los problemas domésticos que agudizaron la crisis económica previo a su llegada al Palacio de Hacienda; la hoja de ruta que Massa pidió aprobar en el Congreso para el año próximo busca dar cierto grado de previsibilidad al preservar, al menos, el cumplimiento de las metas pautadas con el Fondo Monetario Internacional, para sostener el acuerdo que le permite al país no hundirse en el indeseado escenario del default.
El margen para apartarse de los objetivos es prácticamente nulo. La economía arroja datos delicados, como la aceleración de la inflación en el último trimestre, que deja atrás la leve mejora que se había registrado en las mediciones de pobreza en el primer semestre.
Y también el parate de la actividad comprobado por el Indec en el convulsivo mes de julio, seguido de una retracción marcada por las consultoras privadas en el último bimestre que finaliza este viernes. En ese escenario, ampliar el déficit fiscal, la emisión monetaria y quedarse sin los giros del FMI sería insostenible.
De hecho, el ministro dejó en claro que tiene una fecha resaltada en el calendario. El viernes de la semana próxima, el directorio del organismo tratará la aprobación de la última revisión del acuerdo con la Argentina, cuyo visto bueno ya fue anticipado por la directora gerente, Kristalina Georgieva.
La firma final implicará el envío de u$s 3900 millones, clave para abastecer las exiguas reservas del Banco Central que este fin de semana, salvo un cambio de último momento, se quedará ya sin los ingresos excepcionales que representó la liquidación de divisas del campo por la implementación del dólar soja. Lo que sucederá desde entonces todavía es una incógnita.
