No hay números oficiales sobre la cantidad de personas que efectivamente recibirán la suma extra para paliar el impacto de la inflación. Pero la estimación que salió de Casa Rosada dio cuenta de un universo de 13 millones de personas.
Dentro de este enorme grupo de gente se cuentan 5,4 millones de jubilados y pensionados que cobran hasta dos haberes mínimos -percibirán $12.000 pesos en un pago- y aproximadamente 7,6 millones de trabajadores informales, monotributistas A y B y trabajadores de casas particulares. Los $200.000 millones que se destinarán esos bolsillos implican un gasto de 0,33 puntos del PBI, según Nadin Argañaraz, del Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf).
EL IMPUESTO A LAS GRANDES COMPAÑÍAS
En la presentación, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dio pocas pistas sobre la herramienta para financiar una parte de ese gasto: el impuesto a la «renta inesperada». «El universo se enfocará en el conjunto de empresas que tenga ganancias netas imponibles altas superiores a los 1000 millones de pesos en el año, lo cual es una fracción muy pequeña de todo el entramado de empresas de nuestro país», dijo.
Según fuentes del Palacio de Hacienda, las grandes empresas en la mira son entre cincuenta y cien, de acuerdo con sus ganancias: «Desde Techint a Mercado Libre, todas las más grandes», abarcaron. La cantidad definitiva dependerá del nivel de depuración: «No solo tener ganancia alta es una condición para contribuir, sino que es tan solo una condición necesaria», dijo Guzmán.
El Gobierno definirá si, a esa ganancia alta, suma un criterio para definir lo «inesperado» o para alcanzar solo a las empresas que muestren un crecimiento real en su ganancia neta respecto de 2021. También habrá un criterio para reducir el impuesto extraordinario si la renta inesperada se reinvierte.
Como mucho, la iniciativa alcanzará al 25 por ciento de las 400 empresas que, año a año, releva el Indec en su Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE). O a menos del 0,02 por ciento de las aproximadamente 530.000 empresas registradas como empleadoras en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
La medida se concibe en momentos en que, según el Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la CTA, la distribución del ingreso es la más regresiva en años. En 2021, la participación de los salariados en el PBI cayó de 48 a 43,1 puntos porcentuales, mientras que la del capital trepó de 50,5 a 54,3 puntos.
Pero los empresarios ya se pusieron en guardia. «A 165 impuestos que tenemos sumarle otro más, no es nuestra política», dijo el presidente de la UIA y Copal, Daniel Funes de Rioja. La Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), aún molesta por la suba en las retenciones a la harina y el aceite de soja, manifestó: «La Argentina no necesita más impuestos; al contrario, lo que hace falta es sacar el freno de mano a la producción y a la inversión para que haya más trabajo».
%uD83D%uDCCC SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA INESPERADA
%uD83C%uDF31 Desde CIARA-CEC, expresamos nuestra profunda preocupación ante la propuesta del nuevo #impuesto anunciado por #MartínGuzmán. pic.twitter.com/oT65wkIag5
— Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) April 18, 2022
La decisión política es avanzar con una propuesta y la convocatoria a los sectores gremiales y empresarios tiene que ver con buscar un consenso alrededor de la medida que permita allanar el camino en el Congreso, que se anticipa áspero. Juntos por el Cambio se opuso a la medida antes de conocido el esbozo de propuesta.
El Gobierno tendrá al FMI de su lado. El Fondo recomendó a los países «incluir aumentos temporales del impuesto de sociedades de la renta de las empresas para captar los beneficios excesivos relacionados con la pandemia».
