La Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina, que encabeza el juez Javier Leal Ibarra, manifestó este jueves su repudio y preocupación frente al ataque a tiros que se vivió en los tribunales de Rosario. “Instamos nuevamente a las autoridades responsables a trabajar de manera conjunta y coordinada en búsqueda de soluciones inmediatas y que se implementen políticas de Estado para dotar de seguridad a quienes constitucionalmente están llamados a administrar justicia, ya que la violencia ejercida contra el Poder Judicial también pone en peligro la vida de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho”, sostuvo la entidad.
El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles, cuando la garita de seguridad situada en la puerta de los tribunales federales de Rosario fue baleada por una persona que pasó caminando y, a cara descubierta, efectuó un disparo. El presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, constituye “una crisis de seguridad extrema”. No había agentes en la garita. La cara de su autor quedó registrada por las cámaras de vigilancia y sobre la vereda se encontró una bala.
“Frente a la gravedad del atentado perpetrado contra el edificio donde funcionan los Tribunales Federales de Rosario, esta Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales se ve obligada a expresar públicamente la extrema preocupación el más enérgico repudio que merecen hechos de estas características, los que no sólo ponen en riesgo la vida e integridad de los magistrados, funcionarios, empleados y agentes de las fuerzas policiales allí destacados sino que representan una inconcebible amenaza contra la administración de justicia”, se señaló en un comunicado.
Ataque en el Tribunal Federal de Rosario“De manera inveterada, este Cuerpo se ha manifestado enérgicamente no sólo contra todo acto de violencia atentatorio de la normal vida democrática e integridad de nuestro sistema republicano de gobierno, sino de manera particular contra aquellos hechos que intentan intimidar a los integrantes del Poder Judicial y Ministerios Públicos, cuya tarea diaria resulta de singular importancia en este momento, en el que transitamos una situación de extrema gravedad, generada por la inseguridad y los altos índices de violencia que sufre, en particular, la ciudad de Rosario”, agregaron.
El hecho generó la expresión de organizaciones de jueces federales y provinciales y del gobierno santafesino. La Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República de Argentina (AJUFE) repudió “enérgicamente el atentado perpetrado contra las instalaciones de la justicia federal de la ciudad de Rosario” y exigió “a las autoridades nacionales y provinciales que garanticen las condiciones de seguridad para ejercer la función judicial y protección de sus integrantes”.
La Cámara Federal de Casación Penal, en su rol superintendente, exhortó a “las autoridades competentes a la provisión de recursos indispensables para llevar adelante en forma eficiente un adecuado servicio de justicia” y libró oficios al Consejo de la Magistratura, la Cámara de Apelaciones de Rosario y los tribunales orales de esa ciudad.
La delegación sur del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe también condenó el ataque y sostuvo que “constituye una hecho de suma gravedad institucional, en tanto pretende interferir y comprometer el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado”.
Por su parte el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach, afirmó que el ataque “fue un amedrentamiento por parte de bandas criminales hacia la Justicia, el Gobierno y la actuación de la policía”. Además, consideró que “es un acto extorsivo, es una reacción al accionar de la policía” por parte de organizaciones criminales. El ataque puso también en alerta a la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN). Frente al atentado, el secretario general de la región, Lisandro Casale, advirtió: “Todos estamos muy expuestos”.
