El presidente paraguayo, Santiago Peña, renunció este jueves en medio de una tormenta política y financiera en el país por el colapso de un banco, poco después de que el Congreso comenzara a debatir un juicio político en su contra y tras perder el apoyo de su partido.
Peña anunció que dejaba la presidencia tras la intervención el martes de una entidad financiera digital con la que mantuvo vínculos, que administraba 850 millones de dólares en fondos públicos y cuyo cierre dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, dijo Peña en un mensaje grabado publicado en X. “Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, agregó.
Peña ofreció disculpas, pero evitó asumir la responsabilidad por la crisis bancaria. “Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí”.
Con esta decisión, la renuncia deberá ser remitida oficialmente al Congreso Nacional para su tratamiento por el plenario legislativo (prevista para las 15), abriendo el camino para la sucesión constitucional en la que el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, asumirá la jefatura de Estado. Este mandato culminará en 2028, cuando están previstas las próximas elecciones.
La Cámara de Diputados de Paraguay había iniciado este jueves una sesión de alto voltaje para debatir un juicio político por mal desempeño a Peña, tras el escándalo de Ueno Bank, cuya intervención por parte del Banco Central dejó congelados los ahorros de cientos de miles de personas y desató protestas en Asunción.
El presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, antiguo padrino político de Peña, anunció que acompaña el juicio político, lo cual deja al mandatario en una posición de extrema debilidad. “No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, aseguró en un comunicado difundido en X.
El senador Natalicio Chase, líder de la bancada del Partido Colorado en la Cámara Alta, había reclamado la renuncia del presidente Santiago Peña y advirtió que, si no se produce, acompañará el inicio de un juicio político. “Estamos hablando de los fondos públicos, de los ahorros de miles de familias y de la tranquilidad de nuestros jubilados”, afirmó el legislador, en un nuevo gesto que profundiza el aislamiento parlamentario del mandatario dentro de su propio partido. “El Paraguay exige respuestas claras, transparencia absoluta y decisiones firmes”, agregó.
Los legisladores habían anticipado una votación unánime para aprobar el juicio político y la fiscalía general del Estado ya prepara una denuncia penal contra Peña. El fiscal general Emiliano Rolón Fernández derivó la denuncia contra el mandatario a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, a fin de que el equipo designado para investigar el caso Ueno Bank también indague posibles responsabilidades de Peña en el esquema de corrupción.
El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, indicó que había conversado con el mandatario y que su postura es hasta ahora la de no renunciar. “El presidente Santiago está convencido de su inocencia y él quiere dar batalla en este proceso”, detalló Latorre al diario La Nación de Paraguay horas antes de la renuncia.
La crisis puso a prueba la cohesión del gobernante Partido Colorado y reavivó el fantasma de la destitución de Fernando Lugo en 2012, cuando el Congreso removió al entonces mandatario en un controvertido proceso parlamentario.
La crisis de Ueno Bank
La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio de un proceso de resolución de Ueno Bank, una entidad digital que había experimentado un crecimiento acelerado desde su creación como banco, a fines de 2023. La decisión implicó la suspensión de todas sus operaciones, el cierre de sus sucursales y el congelamiento de los retiros, transferencias y depósitos de sus clientes.
La medida provocó una suerte de corralito financiero, con cientos de miles de paraguayos imposibilitados de acceder a sus ahorros. Ueno tenía más de tres millones de clientes, cerca de la mitad de la población del país, y depósitos por unos 850 millones de dólares en fondos públicos. De ese total, alrededor de 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo estatal encargado de administrar los fondos de jubilaciones y salud.
El BCP justificó la intervención al señalar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa, luego de ajustes realizados a sus estados financieros. También detectó créditos concedidos a empresas vinculadas al propio grupo económico por encima de los límites permitidos, una situación que habría comprometido la estabilidad patrimonial del banco.
El episodio adquirió rápidamente una dimensión política por los vínculos de Peña con el conglomerado empresarial que controla Ueno. El mandatario fue accionista de Ueno Holding, del Grupo Vázquez, hasta marzo de 2025, cuando se desvinculó de la compañía. Además, poco después de asumir la Presidencia, en agosto de 2023, designó al entonces máximo responsable de Ueno, Carlos Carvallo, al frente del Banco Central, una decisión que ahora es cuestionada por la oposición como un posible conflicto de intereses. Carvallo renunció esta semana, en medio del escándalo.
El libelo acusatorio presentado por 35 diputados opositores y disidentes del oficialismo sostiene que el jefe de Estado habría antepuesto intereses privados al interés público. En el caso de Alliana, la acusación apunta a su supuesto papel en el respaldo político y legislativo a esas operaciones y a su falta de reacción frente a las alertas sobre la situación financiera de Ueno. Se trata de acusaciones políticas que deberán ser evaluadas en el marco del procedimiento constitucional.
“Se trata de confianza”
La oposición sostiene que el problema excede la devolución de los depósitos. “Ya no se trata de dinero, se trata de confianza”, afirmó la diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, una de las impulsoras del pedido. La legisladora consideró que Peña debe dejar el cargo porque, a su juicio, perdió la credibilidad necesaria para gobernar y provocó un daño a la confianza pública en el sistema financiero.
El gobierno, por su parte, intentó contener el impacto de la crisis. Peña canceló un viaje previsto a España para participar de la Cumbre Iberoamericana, anunció cambios en la conducción del Banco Central y respaldó una ley para acelerar la devolución de los fondos.
El BCP informó que los ahorristas recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos 1700 dólares) y que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 228,3 millones de guaraníes por persona y entidad (unos 38.000 dólares). Los saldos que superen ese límite deberán recuperarse conforme avance el proceso de resolución.
El Banco Central suspendió temporalmente los rescates mientras determina el valor y la liquidez de las inversiones, con el argumento de garantizar un trato equitativo a todos los inversores. La Fiscalía abrió una investigación por presuntas irregularidades y ocho directivos y ejecutivos del banco fueron detenidos. Entre ellos figuran responsables del Grupo Vázquez, cuyo presidente mantenía vínculos comerciales con Peña. La imputación se extendió posteriormente a otras personas vinculadas con la entidad.
Durante dos noches consecutivas, cientos de personas se manifestaron en Asunción para reclamar la devolución de sus ahorros y exigir responsabilidades políticas. “Devuelvan nuestra plata” y “juicio a Santi Peña” fueron algunas de las consignas. Las protestas incluyeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos, balines y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.
