El Gobierno de Javier Milei promulgó este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil, que, entre otros aspectos, bajó la edad de imputabilidad en los menores a los 14 años.
La Ley 27.801, que fue sancionada por el Senado de la Nación durante el mes de febrero, fue publicada en el Boletín Oficial y según especifica el texto entrará en vigencia en 180 días.
«El objeto de la presente ley es el establecimiento del régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los catorce (14) años de edad hasta las cero (0) horas del día en que cumplan dieciocho (18) años de edad, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.
El Ejecutivo argumenta que el objetivo de la nueva norma es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social.
«El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito y, mediante las medidas establecidas en la presente ley», expresaron en la publicación oficial.
La flamante ley cuenta con la firma de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Victoria Villarruel y Martín Menem.
La normativa, promulgada por el Gobierno, incluye también programas educativos, laborales, recreativos para garantizar la reinserción de los jóvenes.
Allí se establece que para los casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se aplicarían las condenas bajo el régimen de prisión domiciliaria, tareas comunitarias, imposibilidad de conducir o reparaciones económicas.
La pena máxima de prisión se baja de una máxima de 20 años a 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Además, se prevé la creación de institutos especiales para contener a los jóvenes.
El personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia y se ratificó que queda terminantemente prohibido que los menores tengan convivencia con detenidos mayores.
La promulgación de la ley invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a «adecuar la legislación procesal penal y las normas administrativas aplicables a los adolescentes» y a su vez le atribuye una serie de partidas por unos $ 23 mil millones de pesos para su aplicación en este primer año.
