En medio del reordenamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), iniciada por la intervención dispuesta tras el escándalo desatado por los audios de su extitular Diego Spagnuolo, fuentes del Ejecutivo aseguraron a LA NACION haber detectado que 178 mil receptores del Certificado Único de Discapacidad (CUD) corresponden a personas que están muertas.
El número se desprende de un cruce entre las bases del Registro Nacional de las Personas (Renaper) con los datos de la Andis, donde están registrados los beneficiarios de los certificados.
Las autoridades del área accedieron al dato en las últimas horas. A raíz de la detección de esa irregularidad, se prevé dar de baja esos certificados, según pudo saber LA NACION.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo evalúa acciones legales contra quienes recibieron los beneficios del CUD, a pesar de que sus beneficiarios originales habían fallecido.
Las acciones ilegales apuntarán también a los prestadores que cobraban por supuestamente darles servicios a esas personas.
El CUD es un documento público y gratuito que acredita la discapacidad de una persona, permitiéndole acceder a derechos, prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares y otros beneficios, con validez en todo el territorio nacional.
Se otorga tras una evaluación de una Junta Interdisciplinaria y no tiene un vencimiento fijo, sino períodos de actualización. Actualmente los plazos están prorrogados.
La detección de extensión certificados entregados a personas fallecidas motivó una investigación interna.
El resultado, al que accedió LA NACION, es parte del cruce que ordenó, en el marco del reordenamiento de la Andis, la intervención de Alejandro Vilches, el médico sanitarista quien en septiembre pasado reemplazó a Spagnuolo, primer titular de esa área durante la administración libertaria.
Spagnuolo salió eyectado del Gobierno tras quedar alcanzado por sospechas de corrupción, tras la filtración de audios con lo que sería su propia voz y que se referían a sobornos.
