El polémico juez federal Marcelo Bailaque, acusado de tener vínculos con el narcotráfico en Rosario, presentó este martes su renuncia al gobierno nacional, pero aún no se la aceptó.
Con esta decisión, busca evitar ser destituido por el Consejo de la Magistratura que tenía previsto hacerlo la semana que viene. Si lo destituyen, pierde todos los beneficios como juez, incluida una frondosa jubilación.
El magistrado tiene una orden de prisión preventiva en su contra dictada a fines de abril por el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz, la cual no había entrado en vigencia porque tenía inmunidad de arresto por sus fueros. Ahora se especula que podría cumplirla en forma domiciliaria.
Más allá de la presentación de su renuncia, el Consejo de la Magistratura aún debe aceptarla. Y lo cierto es que por ahora no hay indicios de que lo haga. Los consejeros quieren llevar al magistrado a juicio político para destituirlo. Todo indica que sería rechazada.
Bailaque está citado por el 17 de junio a hacer su descargo ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura que preside Luis Juez tras una acusación del diputado del PRO y consejero Álvaro González.
Sin embargo, hay diálogo entre el viceministro de Justicia Sebastián Amerio y el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, sobre qué camino corresponde seguir, contaron fuentes judiciales.
El ministerio de Justicia ya pidió al Consejo «el estado de situación del juez ante el organismo, disciplina y acusación a ver qué tiene pendiente».
La renuncia no está aceptada aún y no es que desde el 2 de julio dejará de ser juez.
Marcelo Bailaque está imputado en causas donde se investigan sus vínculos con un contador de un narco y un ex funcionario de la AFIP que arreglaba deudas impositivas. La medida incluyó un embargo de 1.500 millones de pesos sobre sus bienes, informaron a Clarín fuentes judiciales. Además, se le bloquearon todas las cuentas bancarias.
Según informó Cadena 3, Bailaque había iniciado días atrás los trámites para jubilarse con el trámite especial del Sur (fue juez en Caleta Olivia) y ahora su salida se confirmará si es aceptada por el Poder Ejecutivo Nacional.
En marzo, la Cámara Federal de Casación Penal decidió una cuestión procesal que definió la situación judicial del entonces juez federal de Santa Fe, Bailaque e, indirectamente, de su colega Gastón Salmain, investigados en un supuesto entramado de corrupción donde se mezclan narcos, ex funcionarios de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y financistas.
El máximo tribunal penal –después de la Corte– resolvió que el caso sea investigado bajo el sistema penal acusatorio, que se implementó en mayo del año pasado en Rosario y no bajo el sistema escrito que aún funciona en una parte del país, pero no en Santa Fe.
La defensa de Bailaque reclamaba que se haga bajo el viejo código que es más lento y le permitía al magistrado ganar tiempo mientras el Consejo de la Magistratura avanzaba en una denuncia por supuesto mal desempeño en su contra. En cambio, el sistema acusatorio “pone plazos y acelera los tiempos”.
Bailaque estaba al frente del juzgado federal 4 de Rosario. Pero desde noviembre del año pasado quedó formalmente acusado por un grupo de fiscales federales de delitos como corrupción, vínculos con contadores del narcotráfico y beneficios a favor de un financista.
Entre otras medidas, Bailaque está acusado del armado de una causa contra dos financistas para cobrarles una coima. En ese expediente se arrepintió el ex titular de ARCA de Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna.
