Según Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), estas nuevas transferencias implicarían un gasto extra de entre $176.000 millones y $235.000 millones, equivalente a entre 0,25% y 0,33% del PBI estimado para este año.
«Teniendo en cuenta la meta de reducir el déficit primario anual del 3% del PBI en 2021 al 2,5% en 2022, se comprometió una reducción del rojo primario equivalente al 0,5% del producto. El anuncio de ayer equivale entonces a entre la mitad y las dos terceras partes de toda la corrección anual acordada con el FMI», profundizó Argañaraz.
En el mismo sentido, un informe de Delphos Investment remarcó que el costo fiscal de los bonos sería de entre $170.000 millones y $200.000 millones, es decir, un 0,3% del PBI.
Si bien esta erogación adicional podría presionar sobre las cuentas fiscales, el Poder Ejecutivo anticipó también que habrá un impuesto «a la renta inesperada», sobre el conjunto de empresas cuyas ganancias netas en el 2022 resulten superiores a los $1.000 millones y que exhiban un margen de ganancias “anormalmente elevado” debido a los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Todavía no se presentaron detalles sobre la letra chica del impuesto y la magnitud de lo que podría recaudar a través de él, aunque se prevé que se apoye en la arquitectura legal del Aporte Solidario Extraordinario del año pasado.
«Descontamos que esta iniciativa tiene el visto bueno del FMI. Sin embargo, deberá pasar por el Congreso, cuyos tiempos resultan inciertos considerando el probable desacuerdo de los bloques opositores. Por ello vemos una aceleración del gasto público social con recursos que se recaudarían algunos meses después (probablemente a partir de julio), lo que incrementa el déficit fiscal en el corto plazo», advirtieron desde Delphos.
En este contexto, la nueva ayuda se podría financiar con este impuesto, o bien cubrirlo con endeudamiento en moneda local con el mercado, dos vías que para Jeremías Morlandi, Director de Políticas Públicas en el Centro de Estudios Económicos ARGENTINA XXI (CEEAXXI), no tendrían tanto impacto sobre las metas acordadas con el Fondo.
Si, por el contrario, el financiamiento se realiza con emisión monetaria, Morlandi sostuvo que el Gobierno deberá «hacer un muy buen cumplimiento de las otras metas para que el organismo no considere una desaprobación» del desembolso.
«La expectativa del Gobierno podría radicar en que si hacen una buena tarea en la quita de subsidios a la energía, el FMI pueda mirar para otro lado en cuestiones de emisión monetaria, cuya meta está fijada en 1% para 2022 contra el 3,7% del 2021”, acotó el economista.
Por el contrario, Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria, estima que la baja en subsidios «no se va a dar porque el aumento de tarifas es incluso menor al 60% anunciado y porque los precios de la energía se dispararon mientras se estaba cerrando el acuerdo y nunca se revisó». «De hecho, vas a tener más de 1,5 puntos porcentuales del PBI de desvío entre la meta con el FMI y la que efectivamente se termine dando (2,2% vs. 4% aproximadamente)», sentenció.
Asimismo, según algunos analistas la mayor emisión podría desembocar en una mayor presión sobre la cotización del dólar y, por ende, sobre la inflación.
«El canal de financiamiento de esto es dudoso, porque nadie tiene mucha idea sobre este nuevo impuesto a la ‘renta inesperada’, por lo que lo más probable es que se termine financiando con más emisión, algo que sí te pegará en inflación (como pasó este verano con la emisión del «plan platita» de 2021) y algo en tipo de cambio dado que más pesos pondrían presión sobre la brecha y ésta sobre las reservas del BCRA», señaló Paolicchi.
