El fiscal federal Franco Picardi pidió que cuatro internos del Establecimiento Penitenciario N°7 de Jujuy sean llevados a juicio por una presunta organización que usaba el nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para obtener datos de detenidos, engañar a sus familiares y exigirles dinero. La investigación le atribuye al grupo, estafas, extorsión y ocho casos de usurpación de autoridad.
El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de manera subrogante del juez Julián Ercolini. Los acusados permanecen detenidos y tienen condenas previas por robo, tentativa de homicidio y homicidio simple.
Según la acusación, la estructura operó al menos entre noviembre de 2024 y el 30 de octubre de 2025 desde el penal ubicado en el barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. Picardi imputó a C.M.A.A., de 38 años; R.A.R., de 40; S.A.L., de 31; y W.R.V., de 32, como miembros de una asociación ilícita. También les atribuyó usurpación de autoridad, estafas y extorsión mediante simulación de autoridad pública, en concurso material.
La maniobra consistía en llamar a dependencias policiales, penitenciarias y de seguridad para presentarse como Rosatti o como personal de una supuesta comisión de derechos humanos. Con esa identidad falsa, pedían nombres de personas detenidas, causas, situación procesal, tiempo de alojamiento y números de contacto de familiares.
Luego se comunicaban con los allegados y les reclamaban transferencias bajo la promesa de una libertad, una excarcelación o un beneficio judicial. Para reforzar el engaño, los perfiles de WhatsApp mostraban fotos de Rosatti o de edificios judiciales y utilizaban nombres como “Corte Suprema de Justicia”. También empleaban alias que aparentaban pertenecer a organismos oficiales, entre ellos “poderjudicial.mp” y “poderjudicial.org.25”.
Según la reconstrucción de Fiscales, el primer llamado que activó la investigación ocurrió el 25 de noviembre de 2024. Un hombre que se identificó como “el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” se comunicó con el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA).
En esa comunicación, el interlocutor afirmó que realizaba un relevamiento junto con una presunta Comisión de Derechos Humanos y solicitó información detallada de los detenidos. El comisario que atendió sospechó del pedido y pidió un teléfono para devolver el llamado.
La línea que brindaron los acusados tenía característica de La Plata y fue atendida por otra persona que también dijo pertenecer a la Corte. Cuando el jefe policial preguntó por Rosatti, la comunicación se cortó. La jefa de seguridad del máximo tribunal confirmó después que el magistrado no había formulado ningún requerimiento de ese tipo.
Los registros posteriores ubicaron la actividad del número en las cercanías del Establecimiento Penitenciario N°7. La investigación, delegada en la Fiscalía de Picardi, incorporó informes de compañías telefónicas, intervenciones de líneas y análisis de antenas.
Tras detectarse ese hecho, se identificaron otros siete episodios en los que la organización habría invocado la investidura de Rosatti para obtener datos oficiales. Entre diciembre de 2024 y octubre de 2025, los llamados alcanzaron dependencias de la PFA en Santa Fe, Esquel y Neuquén, una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense en Batán, una comisaría de Río Negro, Gendarmería Nacional y la Unidad N°14 del Servicio Penitenciario Federal en Esquel.
En enero de 2025, uno de los interlocutores llamó a una dependencia de Gendarmería y afirmó integrar una supuesta “Comisión de Control de Derechos Humanos para Centros de Detención No Penitenciarios”. Habló de una reestructuración que incluiría traslados, libertades condicionales y excarcelaciones, y pidió datos de detenidos y de sus familiares.
El personal de la fuerza detectó la maniobra y alertó a los allegados. Algunos ya habían recibido llamados del falso magistrado, que les exigía entre $600.000 y $800.000 para gestionar la libertad de sus parientes. Ninguno de ellos realizó pagos, según el expediente.
Las escuchas describieron el método y el circuito de fondos
Una comunicación intervenida el 2 de diciembre de 2024 permitió a los investigadores reconstruir el mecanismo. Uno de los imputados explicó que primero debían presentarse ante las dependencias como personal judicial y requerir información de los detenidos. Con esos datos, contactaban a las familias y ofrecían una libertad bajo fianza.
“La fianza, un millón de pesos. ¿Y cómo se puede pagar? Bueno, a través de la cuenta del Poder Judicial. Le damos el CBU, una cuenta fantasma”, señaló uno de los acusados, de acuerdo con la transcripción incorporada al requerimiento. Para la Fiscalía, la conversación expone las dos etapas de la maniobra: la recolección de datos mediante una identidad institucional falsa y el posterior reclamo de dinero.
Las intervenciones también mostraron instrucciones para mover transferencias y distribuir los fondos entre cuentas de personas vinculadas con los imputados. La acusación sostiene que los teléfonos, las tarjetas SIM y los datos bancarios circulaban entre los miembros del grupo y eran ocultados para sortear los controles del penal.
Dos falsos premios y una exigencia de dinero a un familiar de un preso
El expediente reúne, además, dos estafas por supuestos premios y una extorsión. En el primer caso, un hombre fue convencido entre el 26 y el 27 de noviembre de 2024 de que había ganado un automóvil. Para recibirlo, debía afrontar gastos administrativos, de acreditación, retiro y un supuesto “estampillado judicial”.
La víctima hizo seis transferencias por $429.500 a una cuenta de una billetera virtual a nombre de la pareja de C.M.A.A. El interlocutor se había presentado como presidente de una empresa y había usado la identidad de Rosatti para dotar de credibilidad a la propuesta.
La segunda víctima recibió, entre octubre de 2024 y agosto de 2025, llamadas y mensajes que anunciaban un premio de telefonía satelital 4G. Quienes lo contactaban se identificaban como Matías Pérez, supuesto director de la empresa; Horacio Rosatti; y un abogado de apellido Rozetti. El perjuicio se ubicó entre $9 millones y $10 millones, además de tres electrodomésticos enviados por encomienda, valuados en alrededor de $1.800.000 cada uno.
El tercer episodio tuvo como víctima al padrastro de un detenido alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. El 2 de junio de 2025, una persona que dijo ser Rosatti le informó que su hijastro había sufrido una convulsión y le reclamó $400.000 para disponer una supuesta libertad. El hombre transfirió finalmente $450.000; parte del dinero ingresó a una cuenta con el alias “poderjudicial.mp” y fue derivada casi de inmediato a otra vinculada con el entorno de uno de los acusados.
Los allanamientos hallaron celulares ocultos y anotaciones con cuentas bancarias
La PFA realizó procedimientos los días 2 y 3 de diciembre de 2024 en el Pabellón A, Sector 1, del penal jujeño. En la celda compartida por S.A.L. y W.R.V. encontró un Samsung Galaxy A01 oculto dentro de un colchón. De acuerdo con la Fiscalía, allí había funcionado la línea utilizada en el llamado inicial a la PFA y en comunicaciones con víctimas de las estafas.
En otras celdas, incluidas las de C.M.A.A. y R.A.R., se secuestraron teléfonos, tarjetas SIM y anotaciones con números telefónicos, CBU, alias y nombres que aparecían en las escuchas. Los dispositivos estaban ocultos en colchones, zócalos y techos.
Las comunicaciones intervenidas mostraron que los acusados advirtieron sobre los operativos y dieron instrucciones para retirar o esconder teléfonos y datos de cuentas. Pese a esos allanamientos, la Fiscalía sostiene que la operatoria continuó con otras líneas y terminales durante los meses siguientes.
Para el fiscal Picardi, C.M.A.A. y R.A.R. se ocupaban principalmente de preparar los llamados, utilizar la información obtenida y canalizar el dinero. S.A.L. y W.R.V., en cambio, habrían intervenido en la obtención, resguardo, circulación y ocultamiento de los teléfonos y las tarjetas SIM.
En línea con esto, consideró que las escuchas, los allanamientos, los informes de empresas telefónicas y entidades financieras, los registros penitenciarios y las declaraciones de las víctimas conforman elementos suficientes para avanzar al debate oral.
El requerimiento también ordenó extraer testimonios para investigar a tres mujeres vinculadas con los acusados. De acuerdo con la investigación, sus cuentas habrían sido utilizadas para recibir o mover los fondos obtenidos mediante las maniobras.
