El conflicto policial que estalló en Santa Fe no se logró destrabar este miércoles a la mañana y decenas de familiares de efectivos seguían manifestándose frente a la jefatura de Rosario, donde los móviles policiales en la calle eran una muestra de que la crisis aún no se solucionó.
La protesta, que se agudizó desde el martes a la madrugada pero que ya lleva una semana, ahora tiene otras demandas, como la eliminación de los sumarios y los pases a disponibilidad contra los policías que se acuartelaron en un primer momento el martes a la mañana. Pero en el gobierno provincial advirtieron que ese capítulo estaría superado, aunque el problema –según remarcaron– es que la información no llega a canalizarse de forma efectiva y la bronca no se descomprime.
En el Gobierno creían que en el transcurso de la mañana se iba a levantar la protesta policial, pero eso no ocurrió. Uno de los problemas es que se cortó la cadena de mandos dentro de la fuerza y la palabra de los jefes policiales está desautorizada por los propios agentes, que mantienen sus reclamos.
“El problema es que lo que se decide en las reuniones llega distorsionado o no llega a las bases de la protesta”, aseguraron en el Gobierno, que sigue con preocupación la situación.
Durante el martes desplegaron a personal jerárquico, de fuerzas de elite, de la Policía de Investigaciones y del Servicio Penitenciario para compensar el déficit en los patrullajes que se resintieron durante la protesta.
El problema más grave es que se produzcan hechos de violencia o situaciones de tensión en materia de seguridad, en momentos en que parte de la policía está acuartelada. Hasta ahora no sucedió, pero el temor es que cambie.
El conflicto policial escaló durante las últimas horas del martes en Santa Fe y durante la mañana de este miércoles. Los incidentes que se produjeron en la madrugada de ayer, cuando el jefe de la Policía de Santa Fe Luis Maldonado decidió reprimir a familiares y allegados de los uniformados que protestaban en la puerta de la Jefatura de Policía de Rosario, agudizaron el acuartelamiento de un sector de la fuerza, que cortó la calle con unos 100 patrulleros y motos que debían salir a patrullar.
El gobierno de Maximiliano Pullaro decidió endurecer su postura, luego de asegurar que había maniobras políticas detrás del conflicto. El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni acusó a policías exonerados y presos por casos de corrupción, como el robo de combustible, de agitar el malestar. El Gobierno anunció que 20 policías fueron pasados a disponibilidad y la fiscalía de Rosario confirmó que se abrieron causas penales por incumplimiento de funcionario público. El problema es que, al sumarse más uniformados al reclamo, el Gobierno no puede pasar a disponibilidad a todos los que se rebelaron porque se quedaría sin policías.
Este miércoles, el jefe de la policía Luis Maldonado anunció que no habrá más pases a disponibilidad y que los uniformados deben salir a la calle.
