A un año de la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, su familia y el Gobierno nacional vuelven a reclamar por su liberación y denuncian que se trata de un caso de “violación a los derechos humanos”. El cabo primero fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 en la frontera con Colombia, cuando intentaba ingresar para visitar a su esposa e hijo.
Desde el inicio, Argentina calificó la detención como “arbitraria e ilegal”, lo que tensó aún más la relación diplomática con el régimen de Nicolás Maduro. El país elevó denuncias ante organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Corte Penal Internacional, solicitando incluso el arresto de Maduro y Diosdado Cabello.
Gallo fue acusado en Venezuela por presunta “vinculación a acciones terroristas” y “espionaje”, cargos que la familia y las autoridades argentinas rechazan de manera categórica. Según relató su esposa, María Alexandra Gómez, el gendarme estuvo alojado en la cárcel de El Rodeo, en las afueras de Caracas, donde permaneció incomunicado durante meses.
Gómez aseguró que durante los primeros contactos con autoridades venezolanas un fiscal le admitió que se trataba de “un error” y que debía “tener paciencia”. Sin embargo, la situación no cambió y en agosto debió regresar a la Argentina junto a su hijo sin obtener ninguna respuesta concreta sobre su pareja.
