pesar de que tanto los diputados de Juntos por el Cambio, coalición política liderada por Mauricio Macri que respaldó el acuerdo, como los alineados con el presidente Alberto Fernández coincidieron en que el país quedaría en una situación muy grave ante la falta de un pacto, ambos bloques cuestionaron las políticas que deben aplicarse a partir del mismo.
El pacto, alcanzado el pasado 3 de marzo luego de la firma de un compromiso básico de principios, siempre fue uno de los objetivos del presidente Alberto Fernández en materia económica desde que asumió el cargo.
Para ello se necesitaron cerca de 19 meses de negociaciones entre los representantes del Gobierno, liderados por el ministro de Economía Martín Guzmán, y el personal designado por el FMI para llevar adelante las conversaciones.
Previo al pacto, Argentina debía pagar la suma de 19.000 millones de dólares este año y una cantidad similar el año próximo, sumas que superan el valor de las reservas internacionales de la nación.
La iniciativa autoriza al Ejecutivo a realizar operaciones de crédito con el Fondo Monetario Internacional para afrontar los vencimientos con el organismo entre 2022 y 2024 derivados del acuerdo ‘stand by’ firmado en 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri.
Por otro lado, el programa está sujeto a que Argentina apruebe las evaluaciones trimestrales de los próximos dos años y medio al tiempo que estará orientado a la reducción del déficit fiscal, el equilibrio de las cuentas públicas en 2025 y un control de la inflación.
«Además, el programa incluirá elementos para mejorar el crecimiento y la resiliencia a través de políticas para movilizar el ahorro interno, fortalecer aún más la gobernabilidad y la transparencia, y promover la inclusión laboral, de género y financiera. También se tomarán medidas para alentar la inversión y promover la sostenibilidad y la eficiencia de los sectores económicos estratégicos, incluido el energético», se lee en parte del comunicado del FMI.
Un acuerdo votado en medio de intensas protestas
Previo a la sesión en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos se manifestó en las afueras del Congreso para rechazar el acuerdo con el FMI.
Para los argentinos, este tipo de negociaciones generan un temor profundo debido a que responsabilizan a las políticas del organismo por la grave crisis económica que sufrió la nación y que tuvo su clímax en 2001.
«El Congreso está actuando como notario para ratificar este acuerdo. Este es un acuerdo que verdaderamente significa entregar, ajustar y someter al país. Y cuando decimos el país, en realidad, nos referimos a los trabajadores, los sectores populares, los barrios marginales y la gente de abajo que se verá afectada durante muchos años», sentenció Guillermo Pacagnini, secretario general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires.
La manifestación se tornó violenta cuando los participantes se enfrentaron con efectivos del orden público que intentaban restablecer el orden.
Para muchos especialistas, la causa del malestar en la población radica, en parte, en que el nuevo programa para lograr una reducción gradual del déficit fiscal establece que la nación debe fijar recortes a los subsidios energéticos y aumentos en las tarifas de gas y electricidad.
