En el marco de la apertura del juicio, la titular de la Unidad Gabinete de Asesorxs, Erica Laporte, afirmó: «Hoy acompañamos a Marta y a Guillermo, los padres de Lucía Pérez. Como ellos dijeron al recibirnos acá: buscamos respirar justicia. Pasaron 6 años, y su fortaleza, su valentía para seguir buscando reparación no se detuvieron”. Además, destacó que se pusieron a disposición las herramientas del MMGyD para que la justicia actúe con perspectiva de género. Para finalizar, la funcionaria consideró que “la revictimización y la impunidad que tuvo lugar en el juicio anterior fue de un tremendo dolor para la familia, por eso también acompañamos el pedido de jury a los jueces y hoy estamos acá para que eso no vuelva a pasar”. “Lucía Pérez es el nombre de muchas otras mujeres que han sido asesinadas y violadas en nuestro país. Esta realidad es diaria y nos llama a la acción, a trabajar con todos los organismos para que no haya más Lucías», enfatizó la funcionaria.
Por su parte, la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky, destacó que “fue una jornada de lucha, en la que organizaciones y familiares de víctimas de femicidio acompañaron a Guillermo y a Marta en este nuevo pedido de justicia”, y remarcó que “el caso de Lucía demuestra que hay prácticas judiciales que nos convocan a pensar en la necesidad de una reforma judicial feminista que sea empática con quienes atravesaron situaciones de violencia de género y sus familiares”.
Las actividades que se realizaron hoy en las inmediaciones del tribunal se articularon con el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires; la Defensoría del Pueblo de la Provincia; el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires; el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA); el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires; el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU); organizaciones sociales y sindicales; y agrupaciones de Derechos Humanos y de familiares de víctimas de femicidio. También estuvieron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; la diputada Nacional Romina del Plá: y el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino.
Durante las semanas en que declararán los 49 testigos frente al Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 (TOC 2) de Mar del Plata, la familia Pérez-Montero contará con acompañamiento psicológico garantizado por el equipo del Programa Acercar Derechos (PAD) y con apoyo legal de la DAICFTTyDIS. En todas las jornadas el MMGyD montará un stand con radio abierta, talleres de prevención y abordaje de las violencias de género, y asesoramiento acerca de las políticas llevadas adelante. De esta manera, canaliza el pedido de presencia institucional planteado por la familia de Lucía.
Al salir de los tribunales, Marta Montero cuestionó la actuación del Poder Judicial: “Esto es lo que hace el Poder con las víctimas, es durísimo y tristísimo que tenga que revictimizarme de nuevo. Con todo lo que significa tener a Lucia muerta, todavía hoy tengo que dar detalles y explicaciones. Esto se debe cambiar, no es forma de someter a la gente. Tenemos que decirle al Poder Judicial que hay que juzgar con una perspectiva de Género y de Derechos Humanos. Todas y todos tenemos que luchar, la Justicia tiene que cambiar”.
Marta, Guillermo y Matías, madre, padre y hermano de Lucía, transformaron su pérdida y el dolor individual en una demanda colectiva, que apunta a prevenir los femicidios y a obtener justicia para las víctimas y sus familias. A partir de este caso, que motivó el primer Paro Nacional de Mujeres en octubre de 2016, se fortaleció el reclamo por un Poder Judicial que incorpore perspectiva de género.
Durante el primer juicio realizado en 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal 1, absolvió a los imputados por abuso sexual y femicidio. Así, dos de ellos fueron condenados únicamente por tenencia y venta de estupefacientes en las inmediaciones de la escuela a la que concurría Lucía, mientras un tercer acusado –que falleció en 2020- fue absuelto. La sentencia, cargada de prejuicios y argumentos discriminatorios, desconoció por completo la vulnerabilidad de Lucía frente a sus agresores y no introdujo perspectiva de género en su análisis.
El 12 de agosto de 2020, la Sala 4ta. del Tribunal de Casación Penal anuló el fallo y remitió las actuaciones al TOC N° 1 para que, con una integración diferente, se realice un nuevo juicio. Los magistrados Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas serán sometidos a un Jurado de Enjuiciamiento (también denominado Jury) el próximo 14 de marzo por negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta. Mientras que, el juez Aldo Carnevale renunció a su cargo para jubilarse y, de esta manera, evitó ser enjuiciado.
Hoy Lucía Pérez tendría 23 años y podría disfrutar del verano en su ciudad natal. El 8 de octubre de 2016, cuando tenía 16 y cursaba sus estudios secundarios en la Escuela de Educación Media N°3 de Mar del Plata, fue asesinada en un contexto de violencia por motivos de género. El día de su muerte, Juan Pablo Offidani y Matías Gabriel Farías recogieron a Lucía y la llevaron hasta la casa de Farías. Pocas horas después la adolescente fue dejada (ya fallecida) por Offidani en un centro médico alejado de la ciudad, con evidencias de haber consumido drogas y haber sido abusada sexualmente.
Por parte del MMGyD participó también la coordinadora del Programa Acercar Derechos, Rocío Di Bastiano.
