Atta Gerala ha sido por décadas un símbolo de permanencia en la función pública y hombre fuerte de la política definido como un «intocable». El fallo absolutorio del Tribunal Oral Federal 2, en la causa que lo tenía acusado como figura central del desmantelamiento, robo y contrabando de rieles ferroviarios, dejó en la sociedad salteña más dudas que las que invocó ese tribunal para desestimar los 11 años de prisión que había solicitado la Fiscalía, junto a su inhabilitación para volver a ejercer cargos públicos.
El plan de desguace del ramal ferroviario C25 fue casi un calco del saqueo de los caños del Gasoducto del NEA, por el que el entonces intendente de Aguaray, Jorge Prado, terminó destituido y condenado en 2022 junto a empresarios implicados en ese entramado ilícito.
Gerala, claro está, no es Prado. Y para entender por qué el nombre del amo y señor de Rivadavia Banda Norte estuvo siempre rodeado de sospechas de corrupción e impunidad basta un repaso a su trayectoria en medio siglo.
Su última gestión como intendente de Morillo, o Coronel Juan Solá, se inició en 2015 y tuvo un corte abrupto en noviembre de 2024, cuando terminó apartado y el Departamento Ejecutivo Municipal de Rivadavia Banda Norte, intervenido por una ley sustentada en los cargos formulados en su contra como presunta cabeza del plan de saqueo y contrabando internacional de los rieles del ramal C25 en el chaco salteño. El fiscal Eduardo Villalba, con los elementos incriminatorios reunidos en la investigación federal, no dudó en calificar al caso como «un delito de poder» y remarcó que en la zona «no se movía un alfiler sin que el entonces intendente lo supiera».
Antes de su última gestión como jefe comunal de Morillo, Gerala había ocupado la intendencia durante otros 16 años, desde 1995 hasta 2011. En el lapso de cuatro años comprendido desde 2011 hasta 2015, tuvo que resignar el manejo omnímodo de Coronel Juan Solá ante su adversaria electoral, Marcela Carabajal, aunque el revés lo dejó ocupando, de todos modos, una banca en la legislatura provincial.
De no haber sido por aquella derrota en las urnas, Atta Gerala habría cumplido hasta el momento en que se lo destituyó 30 años de función ininterrumpida como intendente.
Los inicios de su periplo llevan hasta la época de la última dictadura militar, cuando siendo un comerciante, su nombre sonó con estridencia en uno de los expedientes reabiertos por delitos de lesa humanidad en la provincia. En esa causa, el Tribunal Oral Federal 1 condenó al exjefe policial Andrés del Valle Soraire a prisión perpetua por el secuestro y asesinato del comerciante y militante radical Fidel Yazlle, cometido el 11 de febrero de 1977, en Coronel Juan Solá.
Los hechos
En Morillo es vox populi que nada de lo que ocurre allí y en las localidades que dependen de esa jurisdicción municipal escapa al conocimiento de Atta Gerala. Se comprobó que su camioneta fue utilizada para saquear rieles, pero los jueces del tribunal concluyeron que su hijo, José Miguel «Llopi» Gerala, condenado a seis años por contrabando agravado de rieles en un acuerdo abreviado, bien pudo utilizar ese vehículo en infinidad de tropelías sin que su padre lo supiera.
En un allanamiento realizado en una propiedad de Atta Gerala en octubre de 2024 se secuestraron rieles sustraídos del ramal C25. Su defensa alegó que ese material estaba en la propiedad desde antes de que el intendente la adquiriera. Los jueces del tribunal no sólo admitieron el descargo, sino que además hicieron notar que esa situación -el acopio de rieles ferroviarios robados al Estado nacional- se verificaba también en otras viviendas de la localidad.
En la acusación fiscal se remarcó que para saquear los rieles se utilizaron equipos y herramientas de corte del taller municipal que funcionaba en una propiedad del jefe comunal. Los jueces señalaron que no quedó suficientemente probado que fueran esos equipos y no otros los que utilizó la organización ilícita.
Antes de comunicar la sentencia, el presidente del tribunal, Domingo Batule, sostuvo que existía la «sospecha suficiente» para profundizar la investigación y hasta deslizó elogios para el trabajo de la Fiscalía. Todo eso, sin embargo, se reduce hoy a un paradójico y anecdótico plano con la absolución de Atta Gerala por el beneficio de la duda. Voces entendidas interpretaron que el Ministerio Público Fiscal podría impugnar la sentencia con una casación, pero ese eventual paso no pudo ser confirmado ni descartado con fuentes oficiales.
