En un caso considerado histórico, la Justicia argentina impuso una pena de 20 años de prisión a un hombre que, desde la cárcel, abusó a una menor de edad durante tres años utilizando redes sociales y videollamadas. La sentencia fue dictada en el Tribunal en lo Criminal N° 4 de Morón.
Los jueces Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Vanesa Gerez reconocieron que el abuso sexual con acceso carnal puede configurarse mediante medios digitales, aun sin la existencia de contacto físico entre el agresor y la víctima.
La resolución judicial determinó que la joven fue sometida a un “cautiverio psicológico” desde que tenía 12 años, acompañado de amenazas y coacción.
El condenado, identificado como Orlando Tristán Novillo, utilizó identidades falsas para manipular a la víctima y, mediante amenazas constantes de difundir material íntimo, logró controlar su voluntad y obligarla a realizar actos sexuales sobre su propio cuerpo frente a la cámara.
“Durante ese período, la víctima permaneció sometida a una situación de control y coacción permanente durante más de tres años, lo que en los hechos configuró un verdadero cautiverio de carácter psicológico y digital. En ese contexto, se trata de una sobreviviente”, destacaron.
La investigación fue llevada adelante por los fiscales Claudio Oviedo, Marisa Monti y Patricio Pagani, integrantes de la UFI N.º 5 del Departamento Judicial Morón.
Los hechos ocurrieron entre enero de 2020 y febrero de 2023. Los investigadores informaron que Novillo creó usuarios falsos en Instagram y WhatsApp para lograr comunicación con la niña. Con eso logró ocultar su identidad, simulando ser un adolescente.
“El acusado comenzó el requerimiento de imágenes del cuerpo de la niña como a la madrugada del 13 de enero de 2020, a las 5:13, le solicitó fotografías en ropa interior para lo que le dijo era una campaña de modelaje, accediendo la niña,” detalla la resolución.
Ante la facilidad, la violencia digital escaló. El imputado exigía imágenes y videos desnudos y la sometía a videollamadas en las que la obligaba, mediante amenazas, a exhibirse y realizar actos sexuales sobre sí misma.
El caso se logró judicializar cuando la víctima le confesó el padecimiento a una docente, quien intervino para activar la protección legal. Ante esto, se descubrió que el sujeto realizó operaciones ilegales con datos de tarjetas y documentación personal que logró obtener.
Gracias a eso, se reveló que el hombre era un preso que se alojaba en un penal de la provincia de Buenos Aires. Según se informó en la investigación, el condenado tenía un perfil con persistencia delictiva, con sentencias en 2008, 2012 y 2017 por hechos muy similares.
“La sentencia reconoce que este tipo de violencia digital puede generar un sometimiento real y profundo de la voluntad. El fallo deja un mensaje claro: la violencia también se ejerce a través de entornos digitales y marca un camino para la adaptación del Derecho penal a nuevas formas de violencia en la era digital”, remarcaron desde la fiscalía.
