Las provincias de Santa Fe y Córdoba, como también Mar del Plata, dieron un paso firme frente al aumento de falsas amenazas en escuelas, al implementar un esquema que impacta directamente en el bolsillo de las familias. A partir de ahora, los padres o tutores de los menores identificados deberán afrontar una multa económica que cubrirá los gastos generados por los operativos de seguridad desplegados ante cada alerta.
La decisión busca poner un freno a situaciones que alteran el normal funcionamiento educativo y generan fuerte preocupación social.
El nuevo protocolo establece que cada intervención —que incluye policías, bomberos, brigadas especiales y áreas de investigación— será cuantificada en detalle. Esto implica calcular el uso de recursos humanos, tecnología y el tiempo operativo destinado a responder a cada episodio.
Remarcaron que estas acciones no son “bromas”, sino hechos graves que obligan a desviar personal de tareas clave de prevención del delito, generando un impacto económico que ahora será trasladado a los responsables.
Además de las consecuencias penales, se avanzará con un proceso administrativo para exigir el pago de los costos, una vez que la Justicia identifique a los autores. La medida se enmarca en una estrategia más amplia que incluye la articulación con el Ministerio Público Fiscal y autoridades educativas para reforzar la seguridad escolar y evitar la repetición de estos hechos.
Iniciativas similares ya comenzaron a aplicarse en otras jurisdicciones del país, donde incluso se estiman cifras millonarias por cada operativo desplegado.
