La Argentina presentó este martes sus argumentos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, y reclamó la adopción de medidas provisionales para impedir el avance de la explotación de hidrocarburos del Reino Unido en el área marítima de las Islas Malvinas.
Durante la primera jornada de audiencias, la delegación nacional expuso los fundamentos jurídicos de su reclamo y advirtió sobre la urgencia de tomar medidas para evitar daños irreversibles sobre los recursos naturales y el medio marino mientras se desarrolla el arbitraje internacional.
Esta tarde será el turno de la representación británica, que se negó a presentar sus argumentos por escrito antes de la audiencia. Por ese motivo, sus fundamentos se conocerán recién durante su exposición oral. Las audiencias continuarán este miércoles 11 de noviembre, con una segunda y última ronda de intervenciones de ambos países.
El reclamo argentino ante el Tribunal del Mar
La delegación argentina sostuvo que el Reino Unido pretende disponer unilateralmente de recursos naturales pertenecientes a un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa y cuyo proceso de descolonización permanece pendiente ante las Naciones Unidas.
Uno de los principales puntos de la presentación fue el proyecto Sea Lion, que contempla una explotación petrolera durante 35 años, con 23 pozos de producción y nuevas etapas de desarrollo proyectadas.
La Argentina recordó que, desde 1965, las Naciones Unidas reconocen la existencia de la controversia de soberanía y exhortan a ambos países a resolverla mediante negociaciones pacíficas. En particular, hizo referencia a la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras continúa el proceso recomendado por el organismo internacional.
La posición argentina sostiene que el Reino Unido no puede negarse a negociar la soberanía y, al mismo tiempo, avanzar sobre la explotación de los recursos naturales del territorio en disputa.
En ese sentido, Argentina rechazó sistemáticamente las licencias y decisiones unilaterales británicas y recordó que en agosto de este año reiteró su disposición al diálogo, aunque la convocatoria fue desestimada por Londres.
El segundo eje de la exposición estuvo centrado en el carácter irreversible de los daños que podría provocar la explotación y en la urgencia de detener el avance del proyecto.
“Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, sostuvo Mario Oyarzábal durante su intervención.
La delegación también advirtió sobre los riesgos ambientales asociados a la iniciativa. Según expuso, el propio plan de contingencia de una de las compañías involucradas contempla la posibilidad de que un eventual derrame llegue a aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días.
Ante ese escenario, la Argentina debería coordinar la respuesta y afrontar las consecuencias de una actividad que no autorizó. Por eso, el pedido de medidas provisionales apunta a evitar que el desarrollo del proyecto genere un hecho consumado que no pueda revertirse mediante una sentencia posterior.
Quiénes integran las delegaciones de Argentina y Reino Unido
La representación argentina está encabezada por María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente ante el Tribunal; y la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como coagente.
La defensa jurídica está a cargo de los especialistas en derecho internacional Marcelo Kohen y Nico Schrijver, acompañados por el asesor jurídico Agustín Giustiniani.
También viajaron funcionarios de distintas áreas del Estado, entre ellos Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación; y representantes de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, la Procuración del Tesoro y la Cancillería.
Por su parte, la delegación británica está integrada por sus representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, junto con Ellie Reeves, Attorney General del Reino Unido, cargo equivalente al principal asesor jurídico del Gobierno británico. También participan funcionarios del gobierno de las Islas Malvinas, entre ellos Simon Young, fiscal general de las islas, y Jack Ford, integrante de su Asamblea Legislativa.
Cómo continúan las audiencias por la explotación petrolera en Malvinas
La primera ronda de exposiciones comenzó con la intervención de Mario Oyarzábal, quien presentó los antecedentes de la controversia, los derechos argentinos comprometidos y el objeto de las medidas solicitadas.
Luego, Marcelo Kohen desarrolló los fundamentos jurídicos del reclamo y la competencia prima facie del tribunal arbitral. A continuación, Nico Schrijver abordó la urgencia de la intervención, el riesgo de daño irreparable y las amenazas al medio marino. Oyarzábal cerró la presentación con las conclusiones argentinas.
Las audiencias continuarán este martes con la exposición de la delegación británica, prevista entre las 11 y las 14 (hora argentina).
Este miércoles 11 se realizará la segunda ronda: primero expondrá la Argentina, entre las 6.30 y las 8, y luego será el turno del Reino Unido, entre las 13.30 y las 15.
Las cuatro medidas que pide Argentina
Los argumentos presentados por Oyarzabal ya podían observarse en el documento de 49 páginas con las medidas que el gobierno argentino pidió al tribunal internacional el pasado 13 de octubre y que fue anticipado por Clarín.
1) Frenar el proyecto Sea Lion, que estaría listo para empezar en 2027; e impedir el comienzo o la continuación de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
2) Restringir el uso de la información obtenida, evitando que los datos y conocimientos reunidos durante la exploración de los recursos naturales del área en disputa sean utilizados en perjuicio de los derechos argentinos o transferidos a terceros con ese propósito.
3) Proteger el medio marino: impedir que el accionar británico obstaculice el cumplimiento de las obligaciones argentinas de preservar y proteger el ambiente marino;
4) Evitar nuevas decisiones unilaterales: exigir que el Reino Unido se abstenga de adoptar otras medidas que agraven la controversia, en particular la concesión de nuevos permisos de explotación en la plataforma continental disputada.
