Como parte de su plan de ajuste, el ministro de Economía, Sergio Massa, activó la semana pasada a través de el Tesoro un recorte en los créditos vigentes (el dinero que pueden gastar) de los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Territorial y Hábitat. Precisaron fuentes oficiales que inicialmente significaría un ahorro de unos $128.000 millones, de los cuales $10.000 millones serán del área de Salud, pero no para programas de asistencia a las personas con discapacidad, a pesar de los reclamos que surgieron ayer sobre un eventual recorte en la atención.
Impulsó el malestar de los manifestantes, la circulación de un borrador con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que preveía desligar a las obras sociales de la atención y derivar la responsabilidad de las prestaciones en la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. En el eventual DNU se menciona la creación de un Fondo Nacional para la Cobertura de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad que se constituiría con recursos provenientes del Tesoro de la Nación. Por ley [la 24.901], las obras sociales tienen hoy la obligación de brindar las prestaciones básicas. Los recursos provienen del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con el aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores registrados de sus salarios.
El rechazo creció ante las versiones de que la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo encargado de administrar el FSR y de controlar a las obras sociales, retrasó el pago de los reintegros a la prestadoras y suspendería la cobertura de tratamientos. Desde la SSS, a cargo de Daniel Alejandro López, no respondieron hoy a los llamados de LA NACION.
“El recorte de 10 mil millones del fondo de asistencia a la discapacidad es una muestra del despiadado ajuste que aplica el gobierno del Frente de Todos”, dijo el diputado nacional de la izquierda Nicolás del Caño.
Sin embargo, desde el Ministerio de Economía dijeron a LA NACION que el recorte no afecta a los programas de discapacidad mientras que fuentes sindicales descartaron el avance del DNU.
También se refirió al presunto recorte la diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica. “Mientras Aerolíneas Argentinas, subsidiada por el Estado perdió el año pasado U$S 700 millones, y pierde casi U$S 2 millones por día, el Super Ministro decide recortar el fondo de asistencia a la discapacidad”, acusó la legisladora del partido de Elisa Carrió.
“La semana pasada el Gobierno Nacional recortó $50 mil millones a educación y a primera infancia. Ahora, pretende ajustar y desfinanciar las prestaciones a personas con discapacidad. Sin embargo, aumentó $37 mil millones a empresas públicas que tienen presupuesto subejecutado. Sin dudas la prioridad del Gobierno está en Recoleta y no en Plaza de Mayo, donde las organizaciones se han convocado para reclamar por sus derechos”, señaló la diputada Carla Carrizo, de la UCR.
“Quiero expresar mi preocupación por la falta de traspaso de fondos del Ministerio de Economía al Programa Federal Incluir Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, circunstancias que afectan directamente a las personas con discapacidad y sus familias”, expresó la Legisladora de Vamos Juntos, Ana María Bou Pérez
“El gobierno nacional, a través de su superministro Massa, está suspendiendo tratamientos y cortando casi todas las prestaciones a las personas con discapacidad. Un durísimo ajuste que implica miles de millones de pesos. Los chicos /chicas y sus familias no merecen este maltrato. La política no puede mirar para otro lado”, aseveró la legisladora.
El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, informó hoy que “el cumplimiento de la atención integral a las personas con discapacidad es una prioridad para el Gobierno Nacional”, y que “desde el 2019 hasta ahora redujimos los plazos de pago a los prestadores de 90 a 45 días”. Sin embargo, reconoció una demora en los pagos: “El atraso de una semana que se generó en los pagos en las prestaciones que se financian desde la Superintendencia de Servicios de Salud y obras sociales, se debió a inconvenientes administrativos y ya fueron solucionados”, amplió el Director Ejecutivo de ANDIS en un comunicado.
La CGT, cuyos gremios administran la gran mayoría de las 290 obras sociales que existen en el país, negocia con el Gobierno desde hace un año un cambio en lo relativo a la atención a los pacientes con discapacidad. Presionó por un DNU que establecía la absorción por parte del Estado del costo de los traslados y de la educación de los afiliados a las obras sociales con alguna discapacidad.
En varias reuniones con el presidente Alberto Fernández y con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la cúpula de la central obrera planteó la necesidad de que el Estado subsidie los gastos de las prestaciones que no son médicas, como la atención en educación y transporte, que se llevarían el 50 por ciento de los $8000 millones que demanda por mes el sistema de atención a personas con discapacidad, según argumentaron a LA NACION dos fuentes que conocen desde hace año el mecanismo de reintegros.
Tanto la CGT como la SSS, el organismo encargado de administrar el FSR y de controlar a las obras sociales, reconocieron hace un tiempo que del total de los recursos ingresados al Fondo Solidario mediante la recaudación, la mitad se destina al rubro de discapacidad. Ya son varias las obras sociales que están en alerta por falta de recursos.
Fuente: La Nación
