El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se puso en pie de guerra contra una decisión judicial. El juez Marcelo Nieto Di Biase intimó la semana pasada al Poder Ejecutivo provincial a que, en un plazo de 72 horas, concrete la compra de una partida de carne roja destinada a reforzar las viandas de los detenidos en las cárceles de Trelew. El mandatario adelantó que no cumplirá con esa orden, que calificó como propia de un “garantismo berreta”.
Según informó el medio chubutense La Opinión Austral, la decisión fue tomada al cabo de una audiencia realizada el miércoles pasado, en el marco de un hábeas corpus colectivo iniciado por internos de un pabellón del Instituto Penitenciario Provincial (IPP).
El Ministerio de la Defensa Pública reclama desde marzo, en representación de los reclusos, por la calidad de la comida que reciben en la cárcel y, especialmente, por la necesidad de incrementar el contenido de proteínas. El planteo contempla, entre otros casos, a personas privadas de su libertad que deben cumplir tratamientos médicos.
Ante esta situación, el subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelarena, explicó que ya se inició un expediente para adquirir carne y reforzar las comidas diarias de los detenidos alojados tanto en la Alcaidía Policial como en el IPP.
En las últimas horas, el gobernador Torres se refirió públicamente a la disposición de Nieto Di Biasi: “Hay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien”.
Se extendió en su crítica: “Son los mismos jueces que muchas veces ponen trabas para autorizar un allanamiento, que dificultan que podamos sacarles los celulares a los presos para terminar con las estafas desde las cárceles y que ahora pretenden decirnos cuánta carne roja tiene que comer por día un delincuente”.
“A ese sector de la Justicia que todavía insiste con una mirada ideologizada que tanto daño le hizo al país, quiero que le quede bien claro: en Chubut, los delincuentes ya no tienen coronita”.
Finalmente, calificó la resolución judicial como una “falta de respeto” y consideró que evidencia una ideologización de la justicia.
“Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar al ciudadano de bien, al que la verdad le indigna mucho ver cómo quien cometió un delito tiene a la Justicia poniéndolo en el lugar de víctima en vez de victimario. Y la verdad es que a quienes tenemos que cuidar son a las víctimas, en todo caso”.
