El fiscal de juicio Miguel Ángel Osorio solicitó condenar a los exjefes de Gabinete K Aníbal Fernández y Jorge Capitanich a penas de 3 años prisión y de 8 meses, respectivamente, en la causa por irregularidades e incumplimientos de contratos en el programa televisivo “Fútbol para Todos” y maniobras de desvíos de fondos del Estado, entre agosto de 2009 y diciembre de 2015. Y pidieron que devuelvan al Estado 456 millones de pesos actualizados al valor de hoy
En la causa también interviene la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Andrea Garmendia Orueta y se investiga el desvío de fondos millonarios del programa «Fútbol Para Todos» impulsado por la ex presidente Cristina Kirchner.
Además, los fiscales requirieron la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional como autor por administración fraudulenta para el expresidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Luis Segura; un año de prisión de ejecución condicional, en calidad de partícipes necesarios por el mismo delito, a Carlos Pandolfi –presidió la Fundación “El Futbolista” y extesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA)–.
La misma pena solicitaron para Norberto Monteleone –exgerente de FAA e integrante de la misma fundación mencionada–; y 2 años de prisión de ejecución condicional en calidad de partícipe necesario a Natale Rigano, expresidente de la empresa de camiones IVECO, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
En cambio, los fiscales solicitaron la absolución Juan Gabriel Mariotto (excoordinador del programa), Miguel Ángel Silva (exsecretario general de AFA), Rubén Manuel Raposo (exadministrador financiero de AFA), Raúl Pagano (exgerente financiero de FAA), Sergio Raúl Marchi (exsecretario general de FAA), Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dávola. Estos tres son directivos de financieras que intervinieron en el manejo de los cheques que pagaba el Estado.
Osorio consideró a Fernández autor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de violación de los deberes de funcionario público, y pidió para él inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
En el caso de Capitanich, el ex gobernador del Chaco, le atribuyó el delito de violación de los deberes de funcionario público y, en su caso, una inhabilitación especial por el doble del tiempo al solicitado. En ambos casos de cumplimiento condicional.
La causa fue impulsada por la diputada Graciela Ocaña ante la jueza federal María Servini durante el último gobierno de Cristina Kirchner.
El alegato –que se había iniciado el lunes pasado y culminó ayer con el pedido de penas– se dio ante el Tribunal Oral Federal N°1, en el marco de un debate que se había iniciado en junio de 2024.
En el alegato, los fiscales pidieron que se proceda a la restitución de los bienes que fueran fruto del delito, puntualmente, los activos embargados y secuestrados en poder de la Fundación “El Futbolista” y los que resulten necesarios para recuperar los recursos ingresados sin contraprestación a dicha fundación en virtud del contrato suscripto con AFA del 31 de agosto de 2009, que deberá comprender el monto entregado a AFA en carácter de depositario judicial el 19 de marzo de 2018.
Respecto a los cheques diferidos –la AFA pagaba con ellos a 180 días y como los clubes necesitaban liquidez inmediata los cambiaban en bancos o financieras que cobraban una comisión–, los fiscales indicaron que se proceda al decomiso y/o restitución del monto de $456.681.777 de la AFA y solidariamente con Segura, contemplando los montos involucrados durante su gestión, más todos los ajustes que correspondan.
En este sentido, Garmendia y Osorio, solicitaron que el destinatario de estos fondos sea la AFA y que se le imponga la obligación de distribuirlos en los términos asumidos por esta entidad en el contrato asociativo, debiendo asignarlos a sus afiliados conforme a las pautas establecidas y entre los clubes que les hubiere correspondido durante la vigencia del contrato.
Por otro lado, requirieron que se proceda al decomiso y/o restitución del monto de $131.608.000 constitutivo del provecho del delito, más todos los ajustes que correspondan por parte de la firma IVECO y solidariamente con Rigano, y, que sean destinados al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), para el fomento de los deportes olímpicos.
Tras la finalización del alegato, el tribunal integrado por los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünbeg, dispuso un cuarto intermedio hasta el 8 de septiembre próximo.
En la causa también se encontraban acusados los extesoreros de la AFA Rafael Armando Savino y José Lemme, pero ambos fallecieron.
En el alegato, Osorio dijo que tanto a Fernández como Capitanich se les imputó la omisión de control o cuidado sobre el destino de los fondos pagados a AFA.
En este punto, el fiscal sostuvo que uno de los objetivos establecidos en el contrato asociativo suscripto entre Jefatura de Gabinete y la AFA, fue el fortalecimiento de los clubes afiliados a esa institución, con alternativas que permitieran mejorar sus ingresos, señalado como imprescindible.
“Vamos a ver cómo la falta de controles sobre el cumplimiento de este fin permitió que (el fallecido Julio) Grondona, y luego Segura, desviaran los fondos que le pagaba Jefatura de Gabinete a la AFA en el marco del programa Fútbol para Todos, en perjuicio de los clubes”, dijo Osorio.
En este sentido, mencionó tres puntos importantes para referirse a las conductas imputadas vinculadas a los dos exjefes de Gabinete, como las irregularidades en la contratación con AFA, la finalidad del fortalecimiento de los clubes y las obligaciones asumidas en el contrato asociativo.
Otra circunstancia probada en el juicio, según relató el fiscal en su alegato, es que no hubo dentro del programa una organización administrativa y de control que permitiera monitorear cómo se implementaba por parte de AFA ese fortalecimiento y saneamiento de los clubes.
Para el representante del MPF, se encuentra probado que Fernández y Capitanich como jefes de Gabinete firmaron, el primero, el contrato asociativo con AFA y la primera adenda; y el segundo, las tres adendas del 2014, desatendieron las leyes cuyo cumplimiento les incumbiere, de las que se derivan sus obligaciones inherentes al cargo como el deber de fundar sus actos, velar por los intereses del Estado, mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas y proteger y conservar la propiedad estatal; y controlar el cumplimiento de AFA del contrato asociativo, a sabiendas de dicha circunstancia.
A su turno, la fiscal Garmendia se centró en seis contratos de “sponsoreo” que fueron suscriptos entre la Jefatura de Gabinete de ministros, la AFA y la firma de camiones IVECO desde febrero de 2010 hasta diciembre del 2015, indicando que la misma que fue seleccionada de un modo irregular, “beneficiándose presuntamente de forma ilícita”.
La fiscal de la PIA indicó que, a lo largo de esos años, IVECO pagó un precio 75,76% menor que el valor que debería haber abonado de haber contratado la publicidad con la menor tarifa fijada por el programa para la tanda publicitaria.
Estos hechos, además, fueron advertidos por la Auditoría General de la Nación (AGN), quien destacó que la admisión de pago en especie sin justificación (recibir camiones como forma de pago) es una modalidad que no está prevista en la contratación pública nacional.
Para Osorio, «estas maniobras defraudatorias en perjuicio de los clubes de parte de los presidentes de AFA no hubieran sido posibles sin el accionar de los jefes de Gabinete».
Según la AGN, el primer convenio debió ser por 28 millones de pesos, cuando en realidad se acordó por siete millones. De esto se infiere, según Garmendia, que “ninguno de los restantes convenios alcanzó el monto que hubiera correspondido”.
Por otro lado, la fiscal dijo que «no se entiende el dispar criterio del entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que en el caso del ‘sponsoreo’ elige irregularmente quién será el adjudicado, pero para la comercialización de los derechos de transmisión al exterior en el marco del programa Fútbol para Todos, inició un proceso de licitación pública”.
En la audiencia del lunes pasado, Osorio desarrolló las maniobras de desvíos de fondos del Estado Nacional en el cual recibieron «un beneficio pecuniario diferentes cooperativas, empresas, bancos y entidades financieras sin justificación alguna». En este marco, el representante del MPF, detalló que estos mecanismos encuadrados en la administración fraudulenta no permitieron que se concrete «el objetivo de saneamiento de los de los clubes, como estaba dispuesto entre los objetivos del programa».
La omisión de controles permitió dos desvíos de fondos de la AFA: uno, a la Fundación «El Futbolista» con un contrato sin contraprestación y la otra por el pago de cheques diferidos. Ambos desvíos significaron menores ingresos a los clubes que lo que les hubiese correspondido por el fin consignado en el contrato celebrado entre Jefatura de Gabinete y la AFA.
Según el fiscal, a partir del 20 de agosto de 2009 -fecha en la cual se firmó el contrato asociativo entre Jefatura y AFA- existieron una serie de actos comprendidos por el pago con cheques diferidos y la contratación con la Fundación «El Futbolista» que configuraron una unidad de acción perpetrada por los presidentes de AFA –iniciada por Julio Grondona y, a partir de julio de 2014, continuada por el imputado Segura hasta diciembre de 2015–, contrarios al estatuto de AFA y a las obligaciones asumidas en el marco del programa “Fútbol para Todos”.
Ello, con el propósito de «generar un daño a los clubes afiliados, y procurando un lucro indebido a terceros, violando sus deberes y perjudicando los intereses confiados, con la complicidad necesaria de Pandolfi y Monteleone en sus cargos de presidente y secretario de la fundación, respectivamente.»
Para Osorio, «estas maniobras defraudatorias en perjuicio de los clubes de parte de los presidentes de AFA no hubieran sido posibles sin el accionar de los jefes de Gabinete».
A su vez, detalló el mecanismo en que se concretaban pagos de la AFA a los clubes hechos por montos cuyo total no ingresaba a las entidades deportivas, sino que había un descuento sobre ellos realizado por los acusados. La diferencia entre el monto emitido en la orden de pago y el recibido por los clubes fue destinada a entidades crediticias.
