Luego de que este lunes la jueza Marta Elba Pascual hiciera lugar a un habeas corpus que suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la Provincia, una ONG presentó una denuncia penal por el freno a la entrada en vigencia de la norma.
Usina de Justicia realizó dos presentaciones judiciales ante la decisión que suspendió preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense. Solicitó intervenir como amicus curiae en el habeas corpus que dio origen a la medida y, en una actuación separada, formuló una denuncia penal contra la jueza Pascual por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. Esa figura le permite a la ONG, que no es parte directa del juicio, acercar al tribunal argumentos, que podrían ser tenidos en cuenta o no al momento de la decisión judicial.
La decisión de la suspensión fue adoptada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Marta Elba Pascual, en la causa 40881-HC, “Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo”.
La jueza, además de ordenar ese freno, convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que autoridades provinciales deberán informar sobre las medidas adoptadas y previstas para su implementación. La ONG también pidió poder participar de esa reunión.
La decisión no derogó ni anuló la Ley 27.801 que entró en vigencia esta semana, sino que dispuso temporalmente que no sea aplicada en la provincia de Buenos Aires.
Por qué denunciaron la suspensión
La Asociación Civil Usina de Justicia la creó en 2011 la doctora en Filosofía Diana Cohen Agrest tras el asesinato de su hijo Ezequiel, un estudiante de 26 años a punto de graduarse, durante un robo. La presentación que hizo ahora la entidad fue realizada por Fernando Oscar Soto, a través del abogado Martín Luis Sarubbi, y plantea la necesidad de incorporar al proceso la perspectiva y los derechos de las personas víctimas de delitos.
La ONG remarcó en su página web que la presentación respaldo sus objetivos institucionales: «Defender y promover la participación de las víctimas y de sus familiares en los procesos judiciales y procurar que puedan ser escuchadas cuando se adoptan decisiones que afectan directamente el funcionamiento del sistema penal».
Por otra parte, Usina de Justicia denunció a la jueza porque, sostiene, «la decisión judicial se habría basado en una hipótesis de futuro acerca de un posible incremento de las internaciones y de las condiciones de alojamiento, sin que existiera -siempre según la presentación- una lesión concreta que justificara suspender la aplicación de la ley».
La denuncia cuestiona además que al evaluar ese escenario «no se hayan considerado integralmente las distintas herramientas previstas por la ley, que no establece únicamente penas privativas de libertad». Por ejemplo, medidas educativas y de acompañamiento, prohibiciones de contacto o acercamiento, servicios a la comunidad, monitoreo electrónico y mecanismos de reparación integral del daño.
Qué dijo la jueza Marta Elba Pascual
Marta Elba Pascual se defendió de las acusaciones de ser «garantista». Defendió su decisión de suspender la norma en Provincia y subrayó que le parece «pésimo» que los menores estén encerrados. No obstante, aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad a 14 años. «Nuestros legisladores habrán decidido que esté en 14», agregó.
«Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero hay una sensación como de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y con esta ley no les vamos a dar seguridad», agregó al respecto la funcionaria judicial, en diálogo con Now 97.9.
Pascual, hoy al frente del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde.
Este lunes explicó además que en sus fallos aplica la «justicia restaurativa», que apunta a, dijo, «restaurar los vínculos y a que los jóvenes se responsabilicen por sus actos».
En esa línea, reclamó por mecanismos relacionados «con oficios, actividades adentro, terapia» y consideró que «si no están los mecanismos para que se puedan dar estas medidas, esta ley no es beneficiosa para la sociedad ni para los jóvenes». «Esto quiere decir: ¿qué vamos a hacer con los chicos que privemos de la libertad o que les apliquemos estas sanciones?», se preguntó.
Al respecto, consideró que «hay que tratar de devolverle a la sociedad un chico que esté en condiciones de poder circular psíquicamente».
La jueza se refirió también a la posibilidad de que la baja en la edad de imputabilidad y el riesgo de una pena de prisión puedan funcionar como un desincentivo para que los menores delincan y consideró que la cuestión «no pasa por encerrarlos por el encierro mismo, sino por darles los mecanismos para cuando salgan».
El fallo de Pascual fue duramente criticado desde el oficialismo. La senadora Patricia Bullrich cuestionó «una Justicia provincial garantista» que deja libres a los delincuentes «para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias». Y apuntó también al gobernador: «En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad», escribió en la red social X.
