El debate judicial en las cortes de EEUU en las que se dirime el juicio contra Argentina por haber expropiado de manera incorrecta YPF, cuando Cristina Kirchner era presidenta, en 2012, tiene muchos capítulos “técnicos” y de naturaleza netamente procesal, pero no por eso menos interesantes.
Antes que nada, hay que recordar que el Estado local fue condenado el año pasado por la jueza Loretta Preska por mala praxis expropiatoria. Por eso deberá pagar USD 16.000 millones, cifra a la que le corren intereses que pronto sumarán casi otros USD 1.000 millones. Es una cifra de pago imposible para el país, y mucho menos en este contexto. Ese fallo de primera instancia fue apelado y se analiza en una Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Mientras tanto, la causa sigue en el estrado de Preska y Burford Capital, el bufete de abogados que compró los derechos a litigar en este caso y es el principal beneficiario de la condena, quiere cobrar a toda costa. O al menos negociar, algo que no logró por el momento con ninguno de los cuatro presidente que gobernaron el país durante la demanda: Cristina, Mauricio Macri, Alberto Fernández, y ahora Milei.
Con ese objetivo, Burford –al que por su accionar muchos comparan con un “fondo buitre”– interpone acciones contra Argentina para, por ejemplo, intentar embargar bienes de Estado en el extranjero; para demostrar que YPF y el gobierno argentino “son lo mismo” –que son “alter ego” entre ellos, en términos más técnicos–; para volver a incluir a la empresa en causa a YPF (la empresa fue exculpada por Preska); o, directamente, para intentar cobrar la deuda exigiendo el traspaso del 51% de las acciones que el Estado tiene en la petrolera. Todo eso genera un alto y constante tráfico procesal de pedidos y respuestas de ambas partes en la corte de Preska.
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La jueza de Nueva York Loretta PreskaEn ese contexto, hoy Argentina le envió una carta a la jueza intentando usar a su favor un reciente fallo adverso contra el país en una vieja causa de fondos –hold outs– que nunca entraron a los canjes de la deuda privada que generó el default de 2001.
La semana pasada la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una apelación de Argentina en el caso Attestor Master y confirmó el fallo de primera instancia que autorizó el embargo de activos soberanos por un monto de USD 420 millones. Estos activos corresponden a bonos del Tesoro de Estados Unidos que Argentina había utilizado como colateral para los bonos Brady de fines de los 80.
“Afirmamos las órdenes de embargo del tribunal de distrito porque los intereses revertidos de Argentina no están protegidos por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. Argentina utilizó esos intereses en actividades comerciales en los Estados Unidos, lo que los hace susceptibles de embargo. Y el argumento de Argentina de que sus activos embargados no pueden ser entregados según la ley de Nueva York carece de fundamento, por lo que también afirmamos la orden de entrega. Finalmente, las razones para mantener este caso bajo secreto ya no son convincentes, por lo que ordenamos a las partes que vuelvan a presentar sus escritos y apéndices dentro de los próximos treinta días con reducciones limitadas que cumplan con las órdenes de esta Corte”, dijo la corte de Apelaciones.
Esos bonos del Tesoro, que se usaron como colateral de títulos ya vencidos, estarían en el BCRA y ahora en la mira de los fondos que quieren cobrar. Hay que ver qué postura toma el Estado local, pero las chances de que el BCRA los entregue (si no los vendió y aún los tiene) parecen muy bajas.
La comparación que hace el Estado en la causa YPF es decir que esos bonos sí fueron usados de forma comercial en EEUU, como reconoce el fallo que autorizó el embargo. Ahí está el centro del argumento local: los abogados de Argentina dicen que las acciones de la petrolera que pretende Burford no pueden embargarse porque estuvieron siempre depositadas en la Caja de Valores y nunca se usaron comercialmente en Estados Unidos.
El Foreign Sovereign Immunities Act de la ley americana solo permite ejecutar “bienes en EEUU de un estado extranjero usados para una actividad comercial en EEUU”. Cómo las acciones expropiadas están en Argentina y nunca fueron usadas en ese país, estarían a salvo de expropiaciones.
“Argentina plantea que Preska debe rechazar la moción de turnover de las acciones de YPF porque no se cumplen los requisitos ineludibles del Foreign Sovereign Immunities Act que, según la Cámara, deben satisfacerse sí o sí para permitir su embargo y ejecución”, dijo en X Sebastián Soler, quien fue subprocurador del Tesoro en el Gobierno anterior.
“Los abogados de Argentina aclaran que solo aluden al fallo de la Cámara en Attestor para resaltar el razonamiento de ese tribunal sobre los requisitos aplicables a un eventual embargo, pero que Argentina reserva todos sus derechos de recurrir ese fallo”, agregó Soler.
Seguramente, Burford no piensa igual que los abogados que representan al Estado, y así lo expresará esta semana. Desde hace varios meses exige que Argentina transfiera a EEUU las acciones y luego se las entreguen.
Habrá que esperar la decisión de Preska: su interpretación de la ley es lo que, en definitiva, marcará el rumbo de la casusa. Mientras tanto, el riesgo de que ordene que el país deje de ser el accionista controlante de la petrolera sigue latente.
