El juez federal Sebastián Casanello, procesó a Alberto Fernández por hechos de corrupción en la contracción de seguros por parte de decenas de organismos públicos, pagando comisiones millonarias a intermediarios privados.
En este expediente, que comenzó luego de una investigación de Clarín y que instruyó desde un comienzo el juez Julián Ercolini, el ex Jefe de Estado terminó procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Con un embargo de 14.634.220.283,68 pesos.
También fueron procesados el broker amigo de Fernández, Héctor Martínez Sosa y su esposa y ex secretaria María Cantero. Se les atribuyó los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en calidad de partícipes necesarios. Y también el incumplimiento de los deberes de funcionario público, con el mismo monto de embargo.
La resolución alcanza siempre sin prisión preventiva, al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y a ex miembros del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos.
Un cuestionado decreto firmado por Fernández, 45 contratos, 25 intermediarios de Seguros, comisiones millonarias, una cooperativa que funcionó como financiera y un posible direccionamiento de los contratos son parte de las piezas que componen lo que la justicia denominó una “estructura criminal” para desviar fondos públicos a privados.
Un total de 40 personas fueron indagadas en el marco de esta causa, tras haber sido imputados por “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.
Los brokers de seguros, sostiene la causa, “con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.
En una resolución de 400 páginas, el juez Casanello detalló que durante la gestión de Alberto Pagliano al frente de Nación Seguros, la empresa estatal abonó comisiones “por intermediación con organismos públicos principalmente a tres grupos de productores liderados por Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello”.
El monto de las comisiones pagadas fue de 3.364.522.944 pesos.
Cómo funcionó la maniobra
Se determinó quiénes fueron los más beneficiados. El primero de ellos presidía la firma Héctor Martínez Sosa y Compañía, “que intervino en calidad tanto de productor asesor directo como organizador de otros productores: Bachellier (presidida por Osvaldo Tortora), Bri Brokers (presidida por Agustín Beraldi), Levelar (presidida por Diego Marín), Norberto Garrido, Emanuel Calvo, Fernando Carlos Salim y Laura Crisafulli”.
Se calcula que las comisiones percibidas por el grupo alcanzaron los 2.297.820.134,36 pesos, equivalente a un 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales durante el gobierno de Alberto Fernández (un 68,3% del universo de comisiones para los tres grupos).
A modo de referencia, expuso el juzgado, se destacó que, en el caso de Héctor Martínez Sosa y Compañía, las comisiones liquidadas por Nación Seguros fueron de 43.265 pesos en 2017, 54.379 pesos en 2018 y 53.535 pesos en 2019, es decir solamente 151.179 pesos en total para los tres años previos a la presidencia de Fernández.
Si bien esas cifras no contrastan fuertemente con los $21.732 de comisiones percibidas durante 2020 (de mínima actividad económica por la cuarentena), sí resultan ínfimas en comparación con los $29.750.138 del 2021, $156.679.420 de 2022 y $228.982.903 del 2023 -ello, contando únicamente los montos percibidos por la compañía en forma directa, “que se elevan exponencialmente al sumarse las comisiones abonadas a las empresas o personas físicas empleadas por ella como fachada”.
El empresario Pablo Torres García presidía la firma TG Broker, que intervino como productor asesor directo y con San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros (presidida por Brian Kelly) como organizador.
“Además, era accionista de Paris Broker de Seguros (presidida por Ricardo Clement). En total, este grupo habría percibido la suma de 654.396.501,08 pesos, equivalentes a un 16,96% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros los intermediarios por todas las pólizas emitidas a entes estatales bajo Alberto Fernández (19,45% del universo de los tres grupos)”, señaló el juez Casanello.
Finalmente, Oscar Castello presidía la firma Castello Mercuri, que intervino como productor asesor directo y como organizador de los productores asesores directos Service Risk (presidida por Hernán Berretta pero cuyas acciones se reparten equitativamente entre Oscar Castello y Ernesto Mercuri, a quienes Casanello les dictó la falta de mérito) y Javier Rodríguez Gómez. El grupo habría percibido un total de 412.306.308,61 pesos, es decir, un 10,69% del total liquidados por Nación Seguros a los intermediarios bajo la mira (12,25% del reparto en los tres grupos).
En lo que hace a los coaseguros, sobresale su utilización por parte de Nación Seguros en seis pólizas de seguro de vida colectivo de saldo deudor de la ANSeS. Particularmente en este caso, el reproche recae sobre la intervención de San Germán Seguros ($1.346.145.573,83) y de San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales ($2.022.318.533,52).
Alberto Fernández y su amigo broker
En el fallo se analizó el vínculo histórico entre Fernández y Martínez Sosa, quienes se conocían del rubro de los Seguros. Para Casanello, había “una situación de altísimo riesgo en materia de intereses contrapuestos (público y privado) que obligaba al entonces presidente a extremar los recaudos en el ejercicio de las tareas de la oficina presidencial de modo tal de garantizar una debida gestión de lo público acorde a los principios de probidad, transparencia e integridad”.
Para sustentar las negociaciones incompatibles, dijo el juez que la “obligación reforzada era el resultado de los propios actos, pues había sido decisión de Fernández colocar a su lado a la pareja de su amigo empresario y acreedor, elevando sensiblemente los niveles de riesgo”.
Así lo planteó el magistrado: “La prueba recabada reveló un escenario completamente opuesto a aquel deber: expuso una trama en la que predominó la confusión de intereses y donde los actores que debían velar por la defensa y tutela de la cosa pública aprovecharon la posición de poder en que se hallaban para conseguir ventajas particulares”.
En un caso -el de María Cantero-, bajo una dedicación casi exclusiva. La asunción de su cargo como Secretaria Privada Ejecutiva del Presidente de la Nación desde el primer momento “fue tomada como una oportunidad para profundizar y desarrollar los negocios de su núcleo familiar, gestionando directa o indirectamente las contrataciones de los distintos organismos del Estado en su favor”.
Para ello la esposa de Martínez Sosa “se valió del manejo de la agenda y del acceso directo a los contactos de la presidencia, en particular, de los ministros y funcionarios de primera línea, con quienes coordinaba, de forma cotidiana, encuentros o reuniones, además de mantener un diálogo fluido propio de la labor”.
Respecto del ex presidente de la Nación, se “verificó no sólo un conocimiento de ese cuadro de situación antinormativo, sino un aporte originario tanto como la prestación de un aval o aquiescencia –explícita o implícita, según la ocasión– para que dicho desvío del interés público se materializara”.
Casanello reprochó el involucramiento de Alberto Fernández en la maniobra de corrupción “bajo distintas formas de intervención, creando la situación de riesgo y habilitando el accionar ilícito que se desarrollaría dentro de su amplia esfera de responsabilidad. No hubo sólo un pronóstico de probabilidad sino una decisión de construir el riesgo y no imponer barrera alguna al comportamiento infiel”.
La evidencia reunida mostró, además, “que la vinculación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero, tanto en la etapa previa a la asunción del cargo como durante el desarrollo del mandato presidencial, excedió la de una mera relación de amistad o laboral”.
A la par de un “trato frecuente y cercano (reflejado en múltiples intercambios por WhatsApp, llamadas telefónicas, visitas y registros fotográficos), se comprobó la entrega de obsequios, flujos dinerarios y gestión de favores personales”. Esa lógica de intercambios incluyó pagos informales y otras ventajas en favor de diferentes empleados públicos que se hallaban bajo la órbita de la Secretaría de Presidencia de la Nación, como modo de generar dependencia.
El cuadro descripto, argumentó el juez, es “revelador de una voluntad puesta al servicio de los intereses privados, y no de una debida gestión de la cosa pública”.
