A través de un comunicado, la cartera dirigida por Mariano Cúneo Libarona afirmó que «Milagro Sala, exlegisladora jujeña y dirigente de la organización barrial Túpac Amaru, condenada por delitos vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, debería estar cumpliendo su condena en la cárcel, sin privilegios, como ocurre con el resto de los delincuentes».
A su vez, indicaron que «la Sra. Sala registra una condena firme de quince años de prisión e inhabilitación absoluta por los delitos mencionados».
En la presentación realizada ante el tribunal internacional, según información de Clarín, el Ministerio indicó que la «Subsecretaría de Derechos Humanos rechazó las alegaciones de ‘hostigamiento judicial’ formuladas por la defensa y acompañó documentación sobre la situación actual de la condenada».
«Esa evidencia da cuenta de un hecho objetivo: Milagro Sala violó las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez», sumó.
Ese incumplimiento «activó alertas del sistema de monitoreo electrónico y motivó medidas de verificación y control propias del régimen de ejecución penal», señaló la cartera que advirtió que «presentar esas medidas como ‘hostigamiento’ busca invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio».
«La República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales», pero «esta medida de la Corte Interamericana se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres, pese a tener una condena firme».
La postura del Gobierno de Milei es tajante. En el escrito, el Ministerio de Justicia sentenció: «En la nueva Argentina del presidente Javier Milei, se terminaron los privilegios de la casta que se enriqueció a costa de los argentinos de bien. Los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad. Hay un solo lugar para los criminales: la cárcel».
El estado de salud de Milagro Sala
Milagro Sala cumplió el pasado 16 de enero 10 años detenida. Al haber alcanzado los dos tercios de su condena, sus abogados están técnicamente habilitados por el Código Penal para solicitar la libertad condicional, un camino opuesto al que reclama el Gobierno.
Actualmente, la situación de la dirigente es delicada: se encuentra internada en el Hospital de Gonnet desde el 12 de enero y su entorno familiar manifestó un fuerte deterioro en su salud anímica. «A veces no quiere vivir más porque está cansada de tanto apriete, se cansó de llorar. Lo que le hacen a ella no se lo merece ni el peor enemigo», reveló su hija Claudia a Página 12.
