El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, de haber utilizado sus funciones públicas para solicitar y aceptar sobornos, facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia, además de anunciar una medida que restringe su ingreso a ese país.
Según la declaración difundida por el Gobierno estadounidense, Mariaca fue designado públicamente por su presunta participación en actos de corrupción significativa. La medida alcanza también a sus familiares directos y, de acuerdo con Washington, los deja en general sin posibilidad de ingresar a territorio estadounidense.
La acusación señala que las actuaciones atribuidas al fiscal general habrían afectado los esfuerzos de Estados Unidos para combatir el narcoterrorismo y, al mismo tiempo, debilitado las instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer como participante de la iniciativa denominada Escudo de las Américas.
El Departamento de Estado vinculó la decisión con una nueva política de restricción de visas dirigida contra ciudadanos extranjeros que, según la evaluación de Washington, socaven gobiernos elegidos democráticamente mediante hechos de corrupción o actividades relacionadas con el narcotráfico. La medida está sustentada en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.
En el caso de Bolivia, Estados Unidos informó además la revocación de visas de 12 ciudadanos y sus familias, entre ellos fiscales, jueces, un exministro de Justicia, un exmagistrado, un exejecutivo de la Aduana Nacional, un coronel de la Policía y un empresario. Otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visa quedaron, en general, excluidos de la posibilidad de obtener una.
Sin embargo, la medida contra Mariaca tiene una consideración distinta dentro del anuncio estadounidense, debido a que el Departamento de Estado hizo pública una designación específica en su contra y vinculó directamente las acusaciones de corrupción con la presunta facilitación del narcotráfico y la protección de personas involucradas en delitos violentos.
Mariaca fue elegido en 2024 para ejercer durante seis años como fiscal general del Estado, después de haberse desempeñado como fiscal departamental de Santa Cruz, según los antecedentes incluidos por el Departamento de Estado en su comunicación.
Tras conocerse la acusación, el diputado Carlos Alarcón sostuvo que Mariaca debería dejar inmediatamente el cargo y pidió que se inicie una investigación penal de oficio con fiscales que garanticen independencia y transparencia. También planteó solicitar cooperación judicial internacional a Estados Unidos para conocer las constancias de los hallazgos mencionados por ese país.
Alarcón agregó que, si corresponde, debería activarse un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional para establecer la eventual destitución y posterior juzgamiento penal de Mariaca.
La acusación difundida por Estados Unidos constituye el principal fundamento de la medida migratoria adoptada contra el fiscal general. La declaración del Departamento de Estado atribuye a Mariaca conductas vinculadas con sobornos, narcotráfico y protección de delincuentes, mientras que la consecuencia anunciada de manera concreta es la restricción de ingreso a Estados Unidos para él y sus familiares directos.
Rechazo
Mariaca respondió al anuncio del Gobierno de Estados Unidos de imponerle restricciones de visa por presuntos vínculos con el narcotráfico: negó la acusación y sostuvo que ninguna determinación externa condicionará el trabajo del Ministerio Público.
Desde Sucre, Mariaca afirmó que “ninguna investigación debe ser afectada por posiciones políticas, intereses particulares o decisiones unilaterales provenientes del exterior. Nuestro compromiso es con Bolivia y con la verdad”, afirmó.
“No puedo permitir que mi carrera, mi trayectoria y mi imagen sean afectados sin que exista la posibilidad de que los hechos sean esclarecidos en las instancias correspondientes”, manifestó.
