El obispo de San Justo, Eduardo García, lanzó una dura advertencia por el avance del narcotráfico en los barrios populares y lo vinculó de manera directa con la retracción de la presencia estatal, en otra crítica directa al gobierno nacional en vísperas de la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina.
Durante la Jornada de Acceso a la Justicia realizada en la Universidad Nacional de La Matanza, el prelado afirmó ante funcionarios, jueces y fiscales que el abandono institucional deja el terreno liberado para que las organizaciones criminales ofrezcan falsas salidas a los jóvenes. La convocatoria reunió a representantes del Poder Judicial, ministerios provinciales y organizaciones sociales para debatir mecanismos que eviten que la respuesta penal sea el único contacto del Estado con los sectores vulnerables.
Las “tres C” como diagnóstico territorial
El prelado formuló un diagnóstico crudo sobre la realidad que atraviesan las periferias urbanas debido a la falta de servicios básicos, infraestructura, oferta educativa y oportunidades de desarrollo. En ese escenario, contrapuso la dinámica delictiva con la contención comunitaria al señalar la urgencia de erradicar “las tres C de la muerte: calle, cárcel y cementerio” para fortalecer “las tres C de la vida: colegio, capilla y club”.
“La ausencia del Estado permite que el narcotráfico ocupe su lugar al ofrecer una falsa salida que destruye vidas”, alertó García, quien apuntó además contra la intervención tardía de los tribunales en los sectores de mayor exclusión social. Según remarcó la máxima autoridad eclesiástica de la diócesis, la Justicia ordinaria en los barrios marginados “suele llegar tarde, interviniendo únicamente cuando el daño ya está hecho y el delito se ha cometido”, omitiendo la prevención de los factores de riesgo.
La desigualdad y la respuesta penal
El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, coincidió con los planteos de la Iglesia al remarcar que “hablar de justicia en la región es hablar fundamentalmente de desigualdad”. El funcionario bonaerense admitió que la mayoría de los ciudadanos vulnerables conocen el sistema institucional a través de su cara más punitiva, en referencia a la Justicia Penal.
Durante el encuentro, el rector de la casa de altos estudios, Daniel Martínez, sostuvo que la discusión sobre el funcionamiento de los tribunales debe poner en el centro las condiciones materiales de la población. “Cuando hablamos de Justicia, lo primero que tenemos que hablar es de vida, de la gente”, enfatizó la autoridad universitaria.
Propuestas para las escuelas judiciales
A su turno, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense, Facundo Tignanelli, anunció que impulsará la inclusión de las denominadas “Reglas del Papa Francisco” como contenido obligatorio dentro de la Escuela Judicial de la provincia. La medida busca capacitar a los futuros magistrados en criterios de abordaje cercanos a los sectores más postergados.
Tignanelli destacó el rol de los Hogares de Cristo y las pastorales territoriales como articuladores frente a las necesidades sociales. En esa línea, el legislador concluyó que el trabajo eclesial se despliega “ahí donde es más urgente y el Estado abandonó”, durante el cierre de las mesas de debate institucional.
