El Gobierno oficializó el veto del presidente Javier Milei a las leyes que establecían el aumento a las jubilaciones, la reapertura de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad, aprobadas por el Senado el 10 de julio.
La medida quedó plasmada este lunes en el Boletín Oficial a través del decreto 534/2025, que llevan las firmas del Presidente y todo su Gabinete.
El mandatario, que había anunciado su decisión el mismo día en que las leyes fueron respaldadas en la Cámara alta, firmó el texto este sábado. Ahora, el rechazo del mandatario deberá tratarse en el Congreso.
La decisión presidencial suspende así el aumento jubilatorio de haberes y pensiones del 7,2% y el incremento para el bono, que pasaba de $70 mil a $110 mil, que además se iba a empezar a actualizar por inflación.
La norma fue aprobada por las dos cámaras legislativas, que también le dieron el visto bueno a un artículo que reabría por dos años la moratoria que permitía jubilarse a las personas que no tuvieran los 30 años de aportes. Esta iniciativa también fue alcanzada por el veto presidencial.
En cuanto al proyecto relativo a la discapacidad, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, declaraba la emergencia hasta el 31 diciembre de 2027 y reforzaba las pensiones no contributivas por invalidez para llevarlas al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, establecía que eran compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos.
El argumento central del Presidente para desestimar estas leyes es que, de implementarse, romperían el equilibrio fiscal.
«Saben que vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Si en el peor de los casos, la Justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tardar, aun así, el daño que podrían causar podría ser mínimo porque el 11 de diciembre la vamos a revertir. La política del superávit fiscal es permanente», dijo Milei apenas se aprobaron las leyes durante el discurso que ofreció por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
El documento publicado este lunes mencionó que «la sesión del 10 de julio de 2025, en la cual se sancionaron los proyectos de ley bajo análisis, fue llevada adelante sin que se haya citado de forma previa a los integrantes del H. Senado de la Nación» y recordó que se trata de un punto que «garantiza el correcto funcionamiento de la Cámara Alta, así como los derechos y garantías de los senadores, y está prevista en el Reglamento del cuerpo como una atribución de su Presidente».
Otra de las objeciones expresadas en los considerandos indica que, «además, se acreditó que el tratamiento de los proyectos bajo análisis fue habilitado por medio de una votación que, conforme al Reglamento de la Cámara Alta, debió ser computada sobre una mayoría de dos tercios de los votos, y no una simple mayoría».
Además, sostuvo que «la mencionada votación fue consecuencia de una ilegitima interpretación del Reglamento del H. Senado de la Nación realizada durante la sesión, mediante la cual se otorgó carácter de dictamen a documentos que carecían de los requisitos esenciales establecidos por las disposiciones reglamentarias pertinentes».
Tales irregularidades fueron señaladas por la Secretaría Parlamentaria, la cual, mediante su Resolución N° 1/25, resolvió no otorgar validez jurídica como dictámenes de comisión a los documentos incorporados a los expedientes CD-4/25, CD-5/25 y CD-6/25 el 3 de julio de 2025, en razón de los graves vicios reglamentarios observados», agregó.
Tras la oficialización de la medida, la decisión presidencial deberá ser refrendada por el Poder Legislativo. Para sostener el veto el Gobierno necesita 86 votos, si es que están todos los diputados presentes.
La ley para el aumento jubilatorio obtuvo 142 a favor, 67 negativos y 19 abstenciones; y tuvo 28 ausentes; mientras que la emergencia en discapacidad, con 34 ausencias.
