La diputada provincial Gisel Bravo visitó el estudio de Jujuy Informa, donde analizó de manera crítica el funcionamiento de las instituciones públicas encargadas del resguardo de las infancias y los procesos adopción en la provincia. Durante la entrevista, la legisladora sostuvo que la protección de la niñez es un deber colectivo y exigió mayor agilidad para evitar dilaciones administrativas en las vidas de los niños y niñas.
Bravo fue enfática respecto a las demoras estatales ante situaciones vulnerables. «Cuando hablamos de niños no hay tiempo que valga; todo es inmediato, todo tiene que ser ya. Las decisiones hay que tomarlas ya y estar encima del tema todos los días», afirmó. Asimismo, consideró urgente que la labor del personal dedicado a las infancias cuente con una mejor retribución, al exigir una vocación y dedicación superior a la de otras dependencias públicas.
Articulación institucional y burocracia en el ámbito provincial
En su análisis del esquema de trabajo actual en San Pedro, la diputada detalló el mapa de organismos intervinientes y sus limitaciones legales:
- Estructura municipal: San Pedro dispone de una Dirección de Niñez abocada al acompañamiento de jardines y tareas de contención primaria.
- Jurisdicción provincial: La Oficina de Protección de Derechos (OPD) interviene en situaciones de vulneración grave de derechos.
- Competencias concurrentes: La legislación provincial restringe la actuación municipal en casos complejos, derivando la potestad exclusiva al ámbito de la Dirección de Niñez de la provincia.
Bravo instó a desburocratizar el sistema para evitar dilaciones irreversibles, particularmente en casos que involucran a lactantes y primera infancia. Además, señaló que ha mantenido gestiones con la Ministra de Desarrollo Humano, la Secretaría de Niñez, la Oficina de Niñez del Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa para coordinar respuestas más céleres.
Mitos del registro de adopción y el rol de las familias de acogimiento
Respecto al régimen de adopción, la funcionaria instó a derrumbar mitos sobre los requisitos actuales. Aclaró que una persona sola puede inscribirse y que el proceso no requiere una cantidad desmedida de documentación, aunque sí los controles pertinentes.
Sin embargo, alertó sobre la desconexión entre la expectativa de los postulantes y la realidad del sistema: mientras la mayoría busca adoptar bebés, la mayor parte de la población en hogares y casas de asistencia —como el Hogar del Sol— está compuesta por grupos de hermanos o niños de más edad.
Por último, Bravo abordó la problemática del programa de familias de acogimiento (hogares de tránsito). Argumentó que la permanencia prolongada de un niño en un hogar provisorio genera lazos difíciles de disolver, cuando la normativa estipula un plazo máximo de seis meses antes de definir la situación de adoptabilidad. En esa línea, remarcó que los jueces de familia deben dar prioridad absoluta a estos expedientes para resolver el futuro de las infancias con la máxima celeridad posible.
