La disposición establece que los dispositivos no podrán ser utilizados de manera permanente durante la jornada escolar, sino que deberán permanecer bajo supervisión institucional y solo serán habilitados en momentos específicos vinculados a actividades pedagógicas.
El objetivo central es ordenar el uso de la tecnología dentro del aula, promoviendo que el celular funcione exclusivamente como herramienta educativa. En este sentido, su utilización quedará sujeta a la planificación docente y a la autorización del personal a cargo.
El alcance de la normativa es amplio: incluye a los niveles inicial, primario y secundario, tanto en instituciones públicas como privadas, donde cada establecimiento podrá adaptar su implementación según sus dinámicas internas.
La medida también establece responsabilidades compartidas dentro de la comunidad educativa, asignando a docentes, preceptores y directivos la administración y resguardo de los dispositivos durante el horario escolar, al tiempo que se refuerza el rol de las familias en el acompañamiento del uso responsable.
En este marco, la normativa incorpora un enfoque preventivo, orientado a reducir riesgos asociados al uso inadecuado de celulares, como situaciones de ciberacoso, conflictos entre estudiantes o escenarios de alarma social.
Finalmente, se prevé una etapa de adaptación en cada institución, donde se ajustará la aplicación de la medida según las particularidades de cada comunidad educativa, dando inicio a una nueva etapa en la gestión del uso de dispositivos móviles en el sistema educativo jujeño.
