Durante la mañana de ayer se realizó una reunión clave de la Comisión de Educación en el recinto San Marcos, de la que participaron legisladores de distintas bancadas y representantes sindicales del CEDEMS y ADEP. La jornada sirvió de marco para trasladar al ámbito parlamentario la delicada crisis institucional que atraviesa el Instituto de Educación Superior (IES) N° 9 de San Pedro de Jujuy, envuelto en una polémica tras la suspensión de directivos y el retiro de documentación académica.
Al finalizar la reunión, Nélida Porcel, delegada gremial y docente del establecimiento, dialogó con la prensa y expuso la versión de la comunidad educativa respecto a las actuaciones del Ministerio de Educación, denunciando irregularidades en los procedimientos y persecución hacia el personal.
El origen del conflicto y el rechazo al «secuestro» de libros matrices
Según detalló Porcel, el conflicto se inició a partir de una denuncia formulada por una persona de la comunidad respecto a supuestas irregularidades en libros de calificaciones de la carrera de Inglés. En respuesta, el pasado 31 de julio, la Secretaría de Gestión Educativa emitió una resolución apartando preventivamente de sus funciones al rector, vicerrectoras y secretaria académica del IES N° 9 para dar lugar a una investigación administrativa.
Para dar continuidad a la gestión, fueron comisionados autoridades interinas que acompañan a la vicerrectora electa. Sin embargo, la tensión se incrementó cuando miembros del ministerio procedieron a incautar documentación vital:
«Se llevaron los libros matrices de todas las carreras de la institución, no solo de Inglés. El Consejo Directivo y los estudiantes se opusieron firmemente porque esto paraliza la entrega de analíticos y títulos de los egresados. Afortunadamente, se logró acordar que devuelvan los libros para que la comisión investigadora trabaje dentro del instituto sin perjudicar a los alumnos», explicó la delegada.
Denuncia de persecución y traslados compulsivos
Porcel, quien se desempeña en la Secretaría Administrativa y cuenta con cargo de bibliotecaria, denunció ser víctima de amedrentamiento directo por haber objetado los procedimientos oficiales:
- Sanciones de hecho: Fue notificada de manera verbal sobre un traslado al antiguo edificio del instituto, a un depósito donde no funciona ninguna biblioteca activa.
- Amenaza de traslado externo: Se le advirtió que, de no aceptar el puesto en dicho depósito, será reubicada en otra institución.
- Falta de respaldo formal: La docente remarcó que no existe ninguna resolución, circular ni memorándum administrativo que justifique la medida.
- Clima de intimidación: Afirmó que el ambiente de trabajo actual está marcado por la presencia de efectivos policiales dentro del establecimiento.
«Yo no hice nada más que hacer mi trabajo y señalar que la reglamentación no permitía ciertas acciones. Me están corriendo de mi lugar de trabajo sin un expediente formal. Nos sentimos perseguidos y vulnerados», recriminó.
Cuestionamiento a la sobrecarga sobre el rol docente
Respecto a acusaciones paralelas sobre presuntas irregularidades en asignación de cargos o validez de títulos, Porcel aclaró que las denuncias fueron presentadas por un grupo reducido de personas vinculadas familiarmente entre sí, y que los descargos correspondientes ya se realizaron ante la Oficina Anticorrupción y la Dirección de Defensa del Consumidor.
Porcel cuestionó duramente la tendencia del Ministerio de responsabilizar únicamente a los educadores omitiendo las instancias superiores del propio Estado:
«Ponen siempre al docente en el banquillo de los acusados. Un título o una certificación pasa por la sección Títulos de la Provincia y por la Junta de Clasificación; ellos controlan y los emiten. Sin embargo, no se cuestiona al sistema que valida, sino al docente, que es el eslabón más débil porque es a quien sancionan y exponen en los medios.»
Por último, la delegada ratificó que apelará a todos los mecanismos legales y democráticos vigentes para defender su estabilidad laboral y garantizar que el IES N° 9 retome el dictado de clases y el cumplimiento de trámites institucionales con normalidad.
