A más de cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, este martes se inició en San Isidro el segundo juicio oral por su fallecimiento, tras la anulación del proceso anterior. La audiencia inaugural estuvo marcada por tensiones, planteos de las partes y una contundente acusación de la fiscalía contra los profesionales imputados.
En los primeros minutos del debate, la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque solicitó que las audiencias fueran transmitidas por televisión abierta. El pedido fue rechazado tras un cuarto intermedio.
El fiscal Patricio Ferrari argumentó: “La transmisión en vivo vulnera el normal desarrollo del juicio, afecta marcos de intimidad y pone a las víctimas en una posición sin sentido”. En la misma línea, el abogado Fernando Burlando advirtió que podría generar una “contaminación futura” en otros procesos vinculados.
El tribunal resolvió que la difusión en tiempo real “no resulta necesaria para asegurar la transparencia del juicio”, al considerar que ésta ya está garantizada por los mecanismos vigentes.
Durante su alegato inicial, Ferrari lanzó la acusación más dura: sostuvo que los imputados “abandonaron a su suerte” a Maradona y calificó la internación domiciliaria como un esquema “sin precedentes”.
“No hicieron nada para evitar que muriera”, afirmó el fiscal, y agregó: “Empezó a morir 12 horas antes y un traslado a tiempo le salvaba la vida”.
Según la acusación, el exfutbolista no se encontraba en pleno uso de sus facultades y requería un dispositivo médico de mayor complejidad: “Debía montarse un sanatorio en la casa, y eso no ocurrió”.
Durante la exposición, Gianinna Maradona siguió el alegato entre lágrimas, en una escena cargada de tensión emocional.
En el banquillo se encuentran siete profesionales de la salud, acusados de homicidio simple con dolo eventual. La fiscalía sostiene que el ídolo fue dejado en una situación de desamparo sanitario, mientras que las defensas argumentan que su cuadro era complejo y que no existió delito.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, tras la destitución de Julieta Makintach en medio del escándalo por un documental clandestino.
El proceso se desarrollará con dos audiencias semanales y podría extenderse durante varios meses. Declararán familiares directos como Dalma, Gianinna, Jana Maradona y Verónica Ojeda, además de peritos y profesionales que intervinieron en la atención médica.
Uno de los puntos centrales será determinar cómo se implementó la internación domiciliaria en el country San Andrés, donde el exfutbolista pasó sus últimos días.
Desde la acusación sostienen que el sistema fue “deficiente”, con omisiones y falta de controles. Las defensas, en cambio, buscarán demostrar que el tratamiento fue consensuado y acorde al estado del paciente.
Todo lo actuado en el juicio anterior quedó sin validez, por lo que testigos, pruebas y declaraciones deberán presentarse nuevamente.
En paralelo, la enfermera Gisela Madrid será juzgada en un proceso separado por jurado popular, aún sin fecha confirmada.
