La cooperativa láctea SanCor, uno de los emblemas históricos de la industria alimentaria argentina, solicitó su propia quiebra ante la Justicia en medio de una crisis financiera que se profundizó en los últimos años. La empresa, que se encontraba en concurso de acreedores desde febrero de 2025, tomó la decisión tras confirmarse un estado de insolvencia generalizada que compromete su continuidad operativa.
El pedido fue presentado ante el Juzgado de Rafaela que interviene en el proceso. Según los informes técnicos, la compañía arrastra una deuda cercana a los US$ 120 millones, a lo que se suma un pasivo superior a los $ 40.000 millones, además de compromisos posteriores al concurso que siguen creciendo mes a mes. Este cuadro consolidó un escenario de cesación de pagos irreversible, según evaluaron la sindicatura y los organismos de control.
Uno de los puntos más críticos es el frente laboral. SanCor adeuda ocho meses de salarios y el aguinaldo, lo que refleja el deterioro extremo de su situación financiera. Desde el gremio Atilra señalaron que la empresa se sostuvo durante meses “con el patrimonio de los trabajadores”, en un contexto de incumplimientos reiterados y pérdida de capacidad operativa.
La crisis no es reciente, pero se agravó durante el último año. A fines de 2025, la Justicia dispuso la intervención de la cooperativa ante irregularidades en la gestión, entre ellas la falta de información clara sobre producción, contratos, ingresos y destino de los fondos. También se detectaron problemas laborales y previsionales, lo que profundizó el deterioro institucional.
De líder de mercado, a la quiebra
El derrumbe de SanCor es también el reflejo de un proceso más largo. Fundada en 1938, llegó a procesar 4,6 millones de litros diarios en los años 90, liderando el mercado lácteo argentino. Con el paso del tiempo, fue perdiendo participación: en 2009 ya había retrocedido y para 2022 cayó al puesto 12°, con poco más de 500.000 litros diarios. Hoy, su producción ronda los 700.000 litros, muy lejos de sus niveles históricos.
El deterioro responde a una combinación de factores: conflictos sindicales prolongados, problemas de gestión, pérdida de competitividad y un contexto económico adverso. A eso se suma un elemento clave: la deuda con Venezuela, originada en acuerdos comerciales de la década pasada. Tras el default de ese país en 2017, quedaron pendientes pagos que hoy rondan los US$ 18 millones, con escasas posibilidades de recupero.
Desde el sindicato plantearon que la quiebra no necesariamente implica un cierre definitivo, sino el inicio de una nueva etapa en la que la marca podría reconfigurarse sin la estructura actual. Sin embargo, el escenario es incierto y abre interrogantes sobre el futuro de la empresa, el impacto en sus trabajadores y las consecuencias en la cadena productiva.
