Las denuncias contra el gobierno de Javier Milei por el desvío de fondos y el deterioro extremo de las rutas nacionales llegaron al Congreso. En las últimas horas, distintos sectores de la oposición presentaron proyectos vinculados a la polémica.
En su mayoría son pedidos de informes para que el Poder Ejecutivo explique cómo se administran desde 2024 los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), creado para financiar las rutas nacionales.
El tema atraviesa todas las provincias. El martes, la Comisión de Obras Públicas, que preside el mendocino Martín Aveiro (Unión por la Patria), convocó a una reunión informativa en la que se abordará la presunta malversación de fondos viales y expondrán intendentes de todo el país sobre el deterioro de las rutas.
Por otra parte, un grupo de senadores peronistas presentó en las últimas horas un pedido de interpelación para que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, brinden explicaciones sobre el desvío de fondos de las rutas nacionales en el recinto de la Cámara alta.
Según explicó la autora de la iniciativa, la senadora Ana Marks, la iniciativa pretende que los funcionarios de la administración nacional brinden explicaciones sobre el destino de los recursos del Sistema Vial Integrado y la subejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial.
“Los recursos provenientes de la tasa sobre los combustibles tienen afectación específica para el financiamiento de infraestructura vial”, advirtió la legisladora peronista en los considerandos de la presentación.
En la misma, se pide que los dos funcionarios oficialistas brinden un informe detallado sobre el desvío de fondos destinados a la infraestructura vial hacia otras inversiones financieras, y el bajo nivel de uso del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial, en medio de las fuertes críticas por el deterioro y la falta de atención de las rutas nacionales.
Según el texto del proyecto, los recursos generados por el Impuesto a los combustibles líquidos deben asignarse al financiamiento de obras viales, por ese motivo se cuestiona que el Gobierno supuestamente haya redirigido una parte importante de ese dinero a operaciones financieras.
En la iniciativa se denuncia que entre el año 2024 y los primeros meses de 2026 se recaudaron cientos de miles de millones de pesos a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte, pero el monto ejecutado para obras viales habría sido considerablemente menor.
De acuerdo a este informe, por ejemplo, en los primeros 5 meses de 2026 se recaudaron 450.500 millones de pesos, pero sólo se usaron, supuestamente, 83.144 millones, lo que significaría el 18,5% del total.
Marks expresó al respecto: “Es urgente que el jefe de Gabinete y el ministro de Economía expliquen el desvío de los recursos que deberían estar destinados al mantenimiento de nuestras rutas nacionales, para prevenir accidentes y promover el desarrollo de nuestras comunidades, y no para actividades especulativas”.
Y sumó: “Mientras las familias y los productores continúan pagando impuestos incorporados en el precio de los combustibles, nuestras rutas se deterioran y los proyectos de obras están estancados”, lamentó.
Además, remarcó que “el Gobierno tiene la responsabilidad de explicar dónde están esos recursos y por qué no se utilizan para asegurar rutas seguras y transitables”.
