A diferencia de Buenos Aires, donde la Justicia frenó temporalmente la medida, en la provincia ya entró en vigencia la Ley 27.801. Defensores públicos y especialistas advierten sobre la ausencia de protocolos y la escasez de centros especializados para el alojamiento exclusivo de menores.
SAN SALVADOR DE JUJUY (2026). – Tras el cumplimiento del plazo legal de 180 días desde su publicación en el Boletín Oficial, comenzó a regir oficialmente en todo el territorio nacional el nuevo Régimen Penal Juvenil (establecido por la Ley 27.801). La medida, cuyo eje más visible es la reducción de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, presenta un escenario dispar en el país. Mientras que la Provincia de Buenos Aires dictó una suspensión cautelar por 60 días alegando falta de preparación, la provincia de Jujuy avanzó con la aplicación efectiva de la norma en sus tribunales.
Si bien el Poder Judicial jujeño cuenta con una ventaja estructural previa gracias a la vigencia de su propio Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (Ley Provincial 6357), la implementación genera fuerte preocupación en la comunidad jurídica y en las organizaciones de protección de la niñez por la falta de recursos físicos y protocolos de actuación definidos.
Un cambio de paradigma penal
El nuevo marco normativo deroga el decreto-ley de la última dictadura militar y reconfigura las escalas de castigo para los adolescentes de entre 14 y 17 años que cometan delitos. Para los jóvenes de 14 años las escalas penales se reducen a la mitad, mientras que para los de 15 disminuyen un tercio. Aunque la ley prohíbe explícitamente la prisión perpetua y fija un tope máximo de condena de 15 años de prisión, abre la puerta a que los menores de edad afronten juicios por delitos graves como homicidios, robos violentos, secuestros o abusos.
Para las faltas menores, la normativa nacional contempla herramientas alternativas como tareas comunitarias, amonestaciones, reparación económica del daño y el uso de monitoreo electrónico. Sin embargo, la mayor encrucijada radica en el destino de aquellos jóvenes que reciban una pena de prisión efectiva.
Alertas en el sistema local: sin espacios ni protocolos
La defensora penal de Menores del Ministerio Público de la Defensa, María Julia Garay, encendió las alarmas locales al advertir públicamente que «Jujuy no está preparada» para contener la demanda del nuevo sistema. De acuerdo con Garay, la provincia no registra una reestructuración edilicia ni presupuestaria que garantice el cumplimiento del requisito más estricto de la ley: los menores detenidos deben estar alojados en establecimientos especializados, completamente separados de la población carcelaria adulta.
