Javier Milei anunció que enviará al Congreso un paquete de proyectos para resguardar la soberanía en las Islas Malvinas. También, la de construir una base naval en Tierra del Fuego y endurecer las sanciones a empresas extranjeras que operan en el territorio.
“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, indicó Javier Milei al iniciar su comunicado.
“Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, indicó el Presidente.
“Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, agregó.
A continuación, agregó: “Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”.
En su mensaje el jefe de Estado nacional advirtió que, desde hace 50 años las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio mientras se resuelve la controversia de soberanía, incluyendo la explotación de sus recursos naturales. A pesar de ello, agregó, “el proyecto Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”. “Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, enfatizó Milei.
“Además, el avance de esta explotación generará un incentivo para que el Reino Unido profundice la ocupación de las Islas y continúe explotando nuestros recursos”, insistió en su mensaje.
Detalle del decreto reglamentario dictado hoy, según precisó Milei:
- Instruir a enviar la información de los distintos organismos del Estado que tomen conocimiento de los incumplimientos legales a Cancillería para que pueda impulsar las sanciones.
- Reglar el procedimiento para darle mayor coordinación y celeridad.
- Incorporar DDJJs en trámites hidrocarburíferos y el RIGI para asegurar el cumplimiento de la ley y evitar que se permitan actividades a aquellos que están explotando en la Plataforma Continental Argentina sin reconocer nuestra soberanía.
En otro de los puntos, señaló: “La Ley N° 26.659 tiene gran relevancia para sancionar a quienes no reconocen nuestra soberanía y avanzan en la explotación de nuestros recursos. Corresponde, sin embargo, modificarla para mejorar las herramientas que nos otorga actualmente para combatir este avance sobre el territorio argentino, endurecer sus sanciones y ampliar su alcance para extender ciertas consecuencias, tanto penales como administrativas, a las empresas que presten servicios a aquellos que realizan explotaciones hidrocarburíferas”.
“El Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, además de modificar la Ley N° 26.659, creará un Consejo de Seguridad Nacional para definir la política de seguridad nacional y que ésta se aplique de forma transversal. Esto permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las Islas Malvinas”, detalló.
“También establecerá un régimen de protección a infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima -continuó-. De este modo, se profundiza en la protección ante posibles ataques de todo tipo a la integridad territorial de nuestro país”.
Cómo se dio el retorno a la agenda de la causa Malvinas
El tema Malvinas volvió a instalarse el 31 de agosto, cuando Donald Trump fue consultado en la Oficina Oval sobre una eventual revisión de la posición de neutralidad de Estados Unidos en la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. El presidente estadounidense respondió que revisa todas las posiciones y que esa era “solo una de muchas”, en un contexto de presiones de Washington a Londres para que incremente su inversión en defensa dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Sus dichos motivaron una respuesta del Reino Unido y de la administración británica de las islas, que ratificaron la soberanía británica y el respaldo al derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago. El debate coincidió, además, con la discusión en Londres sobre el acuerdo con Mauricio por el archipiélago de Chagos, citado por la Argentina como antecedente de una controversia territorial resuelta por medios pacíficos.
La situación se dio mientras avanzaba el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration comunicaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para la primera etapa del desarrollo. La Cancillería argentina rechazó esa iniciativa, a la que consideró una explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa de soberanía. En ese escenario, Javier Milei anunció una cadena nacional para referirse a la cuestión Malvinas.
La actividad de las petroleras que cuestiona el Gobierno argentino
La israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration avanzan en el desarrollo del yacimiento offshore Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas y a aproximadamente 240 kilómetros de Puerto Argentino. El campo fue descubierto en 2010 por Rockhopper, que posee el 35% del proyecto, mientras que Navitas controla el 65 por ciento.
En diciembre de 2025, las compañías comunicaron la decisión final de inversión para la primera fase de Sea Lion. Navitas informó entonces una inversión de USD 1.170 millones para esa etapa. De acuerdo con información posterior sobre el proyecto, la Fase 1 contempla una inversión total de USD 1.800 millones, una producción estimada de 50.000 barriles diarios y el inicio de la extracción en 2028. Las estimaciones sobre el volumen recuperable mencionadas en las notas rondan los 819 millones de barriles.
La Cancillería argentina rechazó el desarrollo del yacimiento y sostuvo que las empresas no cuentan con autorización de las autoridades competentes del país. También calificó la iniciativa como una explotación unilateral de recursos naturales en un área sujeta a una disputa de soberanía con el Reino Unido. En ese sentido, citó las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Gobierno recordó que Rockhopper Exploration fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años mediante la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía. Navitas Petroleum recibió una sanción equivalente a través de la Resolución 240/2022, por operaciones hidrocarburíferas sin habilitación argentina. La posición oficial también alcanza a las concesiones, las contrataciones de proveedores y otras acciones asociadas con el avance del proyecto hacia su etapa productiva.
Según precisió hoy el medio británico The Telegraph, las empresas Rockhopper y Navita planean comenzar a perforar el yacimiento offshore Sea Lion -al norte de las islas- en los próximos meses. Según señaló el portal, existe la posibilidad de “enviar petróleo de regreso a Europa y al Reino Unido desde principios de 2028”. “El yacimiento petrolero se encuentra a unas 137 millas al norte de las islas y se espera que produzca petróleo durante más de 30 años”, indicó el medio europeo.
