La provincia de Jujuy registra hasta la fecha un total de 172 incendios de vegetación en lo que va del año 2026, lo que representa un descenso considerable en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaban alrededor de 300 focos de incendio. Así lo confirmó el Director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Marcelo Torrico, quien atribuyó esta reducción al trabajo preventivo y a las tareas intensivas desarrolladas durante la temporada baja desde el Gobierno provincial y el Ministerio de Ambiente.
El funcionario explicó que aproximadamente el 95% de los incendios forestales en la provincia son de origen antrópico, es decir, provocados directa o indirectamente por la actividad humana y las malas prácticas ambientales. Entre las principales causas se destacan las quemas no autorizadas destinadas a la renovación de pasturas para el ganado, una práctica que suele iniciar en la zona de la Quebrada de Humahuaca y que genera preocupación por los riesgos de propagación y la toxicidad del humo para la salud humana y animal.
Respecto a la distribución geográfica de los eventos, Torrico señaló que, si bien los primeros focos de la temporada comenzaron en la Quebrada, actualmente la mayor concentración de incendios se registra en la zona del Valle, afectando principalmente a San Salvador de Jujuy y sus alrededores. Se espera que este panorama tienda a mermar paulatinamente a medida que avance la temporada y aumenten los niveles de humedad en el ambiente.
En cuanto a la capacidad operativa de la provincia, la Dirección cuenta con cinco bases estratégicas distribuidas en el territorio, incluyendo San Pedro, El Brete, Palpalá, Yuto y Humahuaca. Estas brigadas trabajan coordinadamente con el Sistema Nacional del Manejo del Fuego, realizando reuniones periódicas de evaluación meteorológica para monitorear la disponibilidad de combustible vegetal y anticipar posibles escenarios de riesgo ante alertas por vientos o altas temperaturas.
En el plano legal y sancionatorio, Torrico remarcó que las quemas están estrictamente prohibidas y que los permisos se otorgan bajo rigurosas condiciones técnicas que generalmente son denegadas. Ante la detección de una quema ilegal, las brigadas georreferencian el lugar mediante GPS, elaboran las actas correspondientes y remiten las actuaciones al área jurídica del Ministerio de Ambiente. Las sanciones económicas inician en los 10 millones de pesos y pueden incrementarse en función de la gravedad del daño, además de exigirse el reembolso del costo operativo generado por las brigadas de extinción.
Por último, al referirse a las proyecciones climáticas y el impacto de fenómenos meteorológicos globales como El Niño, el director indicó que se prevé la llegada de precipitaciones y mayor humedad hacia mediados de septiembre y octubre, lo que favorecerá el reverdecimiento de la vegetación. No obstante, advirtió que la temporada alta de incendios se extenderá hasta el mes de diciembre y anticipó la posibilidad de afrontar un verano relativamente seco hacia el inicio del año 2027, por lo que instó a las comunidades locales y municipios a mantener activos los esquemas de prevención y preparación comunitaria.
