La ANSeS, a instancias del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, demandó este miércoles a Amado Boudou para que devuelva una cifra millonaria por la jubilación de privilegio que cobró el ex vicepresidente mientras estuvo condenado por corrupción.
El organismo previsional sostuvo en un comunicado que la demanda es «a efectos del recupero de los haberes percibidos indebidamente por Amado Boudou durante la vigencia de la asignación mensual vitalicia de la que resultaba titular (asignación de privilegio revocada por resultar autor penalmente responsable de los delitos de COHECHO PASIVO Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON LA FUNCIÓN PÚBLICA)».
El reclamo es multimillonario: son $ 236.066.031,25 «más su pertinente actualización», según detalla la ANSeS, que trasladó el reclamo a la Justicia Civil y Comercial Federal.
Boudou fue condenado en 2018 a cinco años y diez meses de prisión por haber sido encontrado culpable de cohecho activo en la compra irregular de la empresa calcográfica Ciccone, luego estatizada para conveniencia del vice. El fallo contra el ex vicepresidente por corrupción quedó firme en 2020 por la confirmación de la Corte Suprema.
El también exministro de Economía de Cristina Kirchner está inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos, como ahora su compañera de fórmula presidencial.
El caso Ciccone investigó la maniobra a través de la cual el exvice -a través de terceros- terminó quedándose con la imprenta privada más grande de la Argentina y la única con capacidad para imprimir billetes. No sólo imprimió las boletas electorales en 2011, sino que también en abril de 2021, el por entonces gobierno de Cristina Kirchner contrató a Ciccone para imprimir 160 millones de billetes de 100 pesos, por un costo de $140 millones.
La ANSeS le sacó a Boudou en noviembre pasado el beneficio del cobro de la jubilación de privilegio, horas después de anunciar una medida similar sobre Cristina Kirchner. En ese entonces, el exministro de Economía percibía $ 8.153.816 por mes.
«La resolución encontró sustento en el hecho de que haber sido encontrado culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función pública, tornaba inadmisible que pudiera seguir percibiendo de modo directo o derivado, asignaciones de privilegio de las que resultaba beneficiaria», sostuvo el organismo.
Boudou comenzó a cobrar su pensión de privilegio en agosto de 2020, cuando su condena ya tenía confirmación por parte de la Cámara de Casación y estaba siendo estudiada por la Corte Suprema.
