La Justicia federal dictó una medida cautelar que frenó parcialmente la resolución del Gobierno nacional que ordenaba el cierre de más de 600 servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
La sentencia le puso un límite temporal a la Resolución 42/2026, publicada en abril, que contemplaba la baja de distintas prestaciones técnicas, de certificación y asistencia industrial brindadas por el organismo estatal.
El freno judicial fue dictado por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, a partir de la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Además, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín dispuso la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del organismo.
Según el gobierno del presidente Javier Milei, el objetivo de la medida era reducir costos y avanzar en una “simplificación administrativa”, como parte del plan «motosierra» de reestructuración y ajuste.
El fallo hizo lugar parcialmente a una presentación impulsada por sectores gremiales y trabajadores del instituto, que habían advertido sobre el impacto de la resolución tanto en los puestos laborales como en el funcionamiento operativo del INTI.
La resolución judicial otorgó una protección provisoria a las áreas alcanzadas, mientras continúa la discusión de fondo sobre la legalidad de la medida oficial.
“La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”, expresó Rodolfo Aguiar.
El secretario general de ATE remarcó que el cierre de servicios del organismo afectaría capacidades técnicas estratégicas vinculadas a controles de calidad, procesos de certificación y asistencia a pequeñas y medianas empresas.
También señalaron que la decisión podría tener consecuencias sobre actividades industriales que dependen de las prestaciones del organismo.
El sindicalista señaló que “la cautelar firmada por el juez Tezanos Pinto del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”.
