La justicia de Bolivia dio un paso decisivo este lunes al emitir una orden de captura contra el expresidente Evo Morales. La medida surge luego de que el exmandatario y sus abogados no se presentaran a la audiencia inaugural de un juicio donde se lo investiga por delitos de extrema gravedad cometidos durante su gestión.
El Tribunal Primero de Sentencia de Tarija, presidido por el juez Carlos Oblitas, declaró la rebeldía de Morales tras su inasistencia al proceso judicial. Esta decisión legal no sólo activa la orden de captura inmediata, sino que también establece un arraigo migratorio y otras restricciones para asegurar que el acusado no abandone el país.
Desde el Tribunal Departamental de Justicia informaron que se cumplieron todas las formalidades necesarias para iniciar el juicio oral, pero la ausencia del líder político obligó a la justicia a tomar medidas de fuerza. Actualmente, el expresidente es considerado formalmente un prófugo de la justicia boliviana.
Los detalles de la acusación por trata de personas
La investigación principal se centra en el presunto delito de trata agravada de personas, vinculado a una relación que Morales habría mantenido con una joven de 16 años (identificada como Cindy) en el año 2016. Según la denuncia, el entonces presidente habría tenido una hija con la menor, un hecho que la fiscalía busca probar en el juicio.
Además, la fiscalía de Tarija investiga la creación de la denominada «Generación Evo», una guardia juvenil conformada por adolescentes de entre 14 y 15 años. Las fuentes indican que estas jóvenes eran reclutadas en sectores humildes a cambio de promesas de obras públicas para sus familias, para luego acompañar al presidente en sus viajes oficiales.
Las pruebas de la fiscalía frente a la denuncia de persecución
El Ministerio Público sostiene que el caso no es una improvisación, sino que cuenta con un sustento sólido. El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, confirmó que han logrado recolectar más de 170 pruebas en contra de Morales que respaldan la acusación. Entre estas pruebas figurarían reportes de viajes a México y Argentina donde el acusado habría estado acompañado por menores.
Por otro lado, Wilfredo Chávez, abogado de Morales, insiste en que se trata de una «persecución política» para dañar la imagen del líder del MAS. Sus abogados justificaron la ausencia en el tribunal alegando fallas en las notificaciones y sostienen que el proceso es una herramienta del actual gobierno para distraer a la población de la crisis económica.
El refugio en el Chapare y la dificultad de la captura
A pesar de la orden de detención, la captura de Evo Morales representa un desafío para las fuerzas de seguridad. Según trascendió, el exmandatario se encuentra refugiado en la región del Chapare, una zona cocalera donde cuenta con la protección de una guardia civil armada.
Informes de inteligencia advierten que el ingreso de las fuerzas de seguridad a esa zona representa un riesgo debido a los antecedentes de violencia contra efectivos policiales. Morales conservaría un amplio nivel de control territorial y político, lo que complica cualquier intento de avance judicial en su contra. Según distintas versiones, el exmandatario se movilizaría incluso en vehículos presuntamente donados por la embajada de Venezuela. Por este motivo, se dificulta aún más que la Justicia logre hacerlo comparecer ante los tribunales.
