El juicio por la causa Cuadernos reanudará hoy a las 13.30 y está está previsto que se lea el descargo de los empresarios Patricio Gerbi, Juan Chediak, Carlos Wagner, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra para pasar, posteriormente, a la valoración de la prueba.
En tanto, la Corte Suprema de Justicia dispuso la utilización de la Sala AMIA, recientemente remodelada en el edificio de Comodoro Py 2002, como nuevo espacio disponible para juicios orales de gran envergadura, en el marco de las obras de mejora edilicia del Poder Judicial.
La decisión de la Corte ayudará para luego que el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), encargado del juicio por la causa Cuadernos, y cuyos integrantes reclamaron falta edilicias, puedan acelerar el proceso judicial.
En la audiencia del jueves último se detalló cómo fue el pacto entre empresarios y funcionarios para sostener un esquema de recaudación ilegal. La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 operó una asociación ilícita integrada porCristina Fernández de Kirchner y altos funcionarios del Ministerio de Planificación comoJulio De Vido, Roberto Baratta, José López y otros, junto a empresarios comoCarlos Wagner y Ernesto Clarens.
Según el Ministerio Público Fiscal, la estructura estaba destinada a generar beneficios económicos ilegales mediante negociaciones espurias vinculadas a la obra pública, la energía y el transporte. El método consistía en exigir porcentajes del valor de las obras, usualmente entre el 3% y el 20%, que eran entregados como retornos a cambio de adjudicaciones y liberación de pagos.
Carlos Wagner, por entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó en su declaración que el sistema comenzaba con reuniones en las que las empresas acordaban quién se quedaría con cada obra y el valor que incluiría la dádiva; después trasladaba la información a José López, quien la remitía a funcionarios de Vialidad Nacional para incluir esos montos en los listados de pagos mensuales.
La obra en la sala AMIA
La obra de puesta en valor de la Sala AMIA fue realizada por la Dirección General de Infraestructura Judicial, con supervisión de la Intendencia de la Cámara Federal de Casación Penal.
Demandó una inversión de $162.434.175 y se enmarca en el Plan General de Obras impulsado por el Consejo de la Magistratura para adecuar espacios judiciales a los requerimientos del nuevo Sistema Acusatorio.
