El Estado usurpado: hay 257 juicios para recuperar propiedades ocupadas ilegamente

Sobre la calle Pinzón, en el barrio de La Boca, una vieja casona bien podría parecer el hogar de una familia argentina pero no lo es. Es una propiedad del Estado nacional que está usurpada. Como esa hay muchas más: hay 257 juicios en trámite de desalojo para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente.

La que intenta recuperar estas propiedades y tierras es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que sostiene esos expedientes en la Justicia en pos de retomar el control sobre propiedades que en algunos casos son extensos lotes de casi 100 hectáreas.

Cada inmueble del Estado usurpado u ocupado ilegamente tiene una historia diferente pero hay uno que guarda una muy particular: se trata de un predio en Puente 13, Ciudad Evita, La Matanza. La propiedad está en disputa porque una mujer, María Isabel Carballo, y un hombre, Rolando Pardo, dicen tener la posesión de las tierras e iniciaron un juicio por usucapión contra la AABE.

El enorme predio del Estado nacional ocupado irregularmente

El caso está en trámite en la Justicia, pero mientras tanto Carballo y Pardo hicieron cesiones de derecho de las tierras a numerosas familias, en su gran mayoría de la comunidad boliviana, que hoy ocupan el predio y construyen sus viviendas sin ningún tipo de habilitación del municipio de La Matanza.

Por estas cesiones de derecho el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3 de Morón investiga a Carballo y Pardo por supuesta estafa. Muchas de las familias dicen que cuando pagaron por esa cesión se les dijo que el juicio por usucapión ya había terminado, lo que en efecto no ocurrió. Hoy el lugar se convirtió en un enorme barrio del que todos dicen ser dueños.

Un predio del Estado que se disputa en la Justicia

Según registros oficiales que la AABE presentó ante la Justicia, el predio en disputa fue adquirido el 10 de mayo de 1976. Luego las tierras fueron dadas en guarda a Carballo padre para que criara caballos y cuando este murió, su hija, María Isabel Carballo, inició un juicio por usucapión contra el Estado, es decir, intentó obtener la titularidad de las tierras por prescripción adquisitiva.

Carballo da una versión diferente a la del Estado y dice que el predio “tenía muchas dueñas” que luego le dijeron a su abuelo que se “quede” con las tierras. La mujer afirma que hizo las cesiones de derecho para reunir el dinero suficiente y saldar las deudas que se tenían con el municipio de La Matanza y así obtener el plazo visado.

“Es como si un inquilino se muere y el hijo sale a ceder derechos posesorios para que los que vienen digan que son los dueños. Buscan dificultar un eventual desalojo. Alguien alquila un campo y cuando ve que el dueño le va a pedir la restitución sale a vender lotes sin siquiera la autorización municipal”, se quejan desde la AABE.

Para La Matanza la cesión de derechos que hizo Carballo “es una estafa”

En un comunicado oficial que La Matanza le entregó a TN consideran a la maniobra de Carballo como “una estafa” y aseguran que ninguna de las construcciones que se están realizando en el lugar tienen habilitación municipal. Para la AABE el procedimiento de la mujer es “delictivo”.

Pese a que el juicio por usucapión no terminó, Carballo y Pardo hicieron decenas de cesiones de derecho a integrantes de la comunidad boliviana que hoy en día siguen construyendo sus viviendas en el lugar. Algunos de estos vecinos dicen haber pagado 10 mil dólares por el terreno y no quieren abandonar sus viviendas.

El predio de Puente 13

Como si a esta historia le faltaran elementos, años atrás integrantes de la comunidad Querandí se presentaron ante la Justicia y aseguraron que el lugar era tierra sagrada al encontrarse allí un Yacimiento Arqueológico Tres Ombúes. El juzgado de Morón dispuso la medida de no innovar, es decir, que en el lugar no se pueda continuar con las construcciones o modificaciones hasta tanto no se determine la titularidad de las tierras pero las obras avanzan y no se detienen.

Incluso se dispuso la presencia de la Gendarmería en el lugar para evitar que ingresen camiones con elementos de construcción. Nada detiene el avance del barrio que el Estado reclama en la Justicia.

“Esto es territorio indígena, de 110 hectáreas que eran se destruyeron 70. Las construcciones son impresionantes, pedimos resguardar lo que queda”, dijo Delia Claro, líder de la comunidad Tres Ombúes.

En el ámbito penal, la Justicia tomó medidas sobre Carballo y Pardo. Se los allanó y se está analizando la documentación para investigar si fue legal la cesión de derechos. Desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado buscan llegar a un acuerdo con la comunidad boliviana para relocalizarlos, recuperar esos terrenos y convertirlos en un espacio verde. Piden, cualquiera sea el resultado de esa negociación, que Carballo y Pardo declaren ante la justicia por su accionar.

En diálogo con TN, Carballo insistió en su inocencia: “La estafa no está, yo hice cesión de derechos. El Estado nacional es el dueño, yo soy la poseedora, no soy titular de dominio. Me voy a seguir quedando acá, que el estado sepa que no voy a ceder ni medio metro”.

El desalojo que en la Justicia Civil de San Martín está firme no se puede llevar adelante porque en el lugar hay menores y porque una parte del barrio fue declarada por el Ministerio de Desarrollo Social RENABAP, es decir, barrio popular. Desde la AABE dicen que la cartera nunca les consultó si esas tierras pertenecían al Estado.

Por el momento no está claro cuál será el futuro del predio. El juicio con trámite de desalojo de este terreno es uno de los 257 que la AABE tiene activos para intentar recuperar tierras que son de todos los argentinos pero que usan unos pocos.

Producción general: Jaime Fausto

Cámaras: Mario Peredo