Otro escándalo judicial involucra a la Policía de Córdoba que oscila entre depurar la fuerza y una crisis sin fin. Esta vez fueron siete los detenidos en una causa que investiga una asociación ilícita. Entre los acusados está el comisario general Maximiliano Ochoa Roldán, director de la Policía Caminera de la provincia, y también su hermano.
La organización delictiva estaba compuesta por personal de la fuerza y abogados que usaban el acceso a información privilegiada para beneficiar a sus representados a cambio de un beneficio económico, de acuerdo a la acusación del fiscal Guillermo González.
«Todos son abogados, actuaban como tales, usufructuando de manera indebida el lugar que ocupaban en la policía de la provincia. Usaban el acceso a información privilegiada para beneficiarse en sus litigios contra personas que no tienen absolutamente nada que ver con la fuerza», explicó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, en una conferencia de prensa realizada este viernes por la mañana.
El jueves por la noche habían realizado una serie de allanamientos en los que, de acuerdo a lo informado por el fiscal, encontraron pruebas «importantes» para avanzar con la investigación y que «comprueban» las sospechas del expediente.
Fue así que ordenaron la detención del comisario general Maximiliano Ochoa Roldán, señalado como el jefe de la asociación ilícita; de Leonardo Torres, jefe de la asesoría letrada de la Policía; Martín Heredia, comisario inspector de la Policía Caminera; Jorge Gutiérrez, titular de la Dirección de Protección de Testigos; Dante Villalba, suboficial de la Policía y chofer en Jefatura y Gastón Ochoa Roldán, abogado y hermano del jefe de la Policía Caminera. Además de Gabriel Burkhart, otro civil.
En concreto, las maniobras no tienen nada que ver con las funciones de la Policía Caminera pero sí con su pertenencia a la fuerza. Las autoridades calificaron como «intachables» los legajos de los detenidos, algo que no es casual: sería la estrategia para crecer dentro de la policía y tener cada vez más poder.
El fiscal González no quiso dar detalles de las acusaciones hasta no indagar a los detenidos, pero indicó que «usaban información de privilegio a la que accedían por su rol dentro de la fuerza para cometer delitos»
Además, aclaró que tenían un perfil que, en apariencia, simulaba «confianza» para acceder a puestos de «poder que les permitían concretar ese tipo de maniobras».
«Hemos visto que usando esta información han embaucado a mucha gente. Hacían tareas y arreglos de gente que tenía conflictos judiciales, que está relacionado con ocupaciones de terrenos, en todo el ámbito de la provincia. Tenían acceso a antecedentes de determinadas personas y eso les permitía financiar un montón de sus cosas», deslizó sin dar detalles concretos.
También creen que usaban su rol dentro de la Policía, por ejemplo, para ordenar que patrulleros se estacionen en determinados lugares como forma de amedrentamiento y sin que los subordinados supieran por qué estaban ahí.
González no descarta que puedan surgir nuevas detenciones, incluso se posó la mirada sobre la hija de Ochoa Roldán, que también sería policía.
«Encontramos pruebas que confirman estas sospechas que teníamos», afirmó respecto de los allanamientos.
Entre depurar la fuerza y una crisis institucional
Los policías Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (35) fueron condenados el 31 de marzo de 2023 a la pena de prisión perpetua e inhabilitación de por vida para cargos públicos por el crimen de Blas Correas. El adolescente fue asesinado el 6 de agosto de 2020 luego de que, en un control policial en Córdoba, los policías dispararon contra el auto en el que viajaba junto a otros cuatro amigos.
La red de encubrimiento que se tejió alrededor del caso hizo tambalear la estructura policial y otros nueve policías fueron condenados por encubrimiento, falso testimonio y omisión del deber. El tribunal ordenó, además, investigar a ex autoridades de seguridad por «omisiones y encubrimientos».
En diciembre de 2023 el fiscal González había pedido la detención al exsubjefe de Policía de Córdoba, Gustavo Folli Pedetta, acusado de liderar una asociación ilícita en la Dirección Bomberos de la Provincia, cuando la tenía a su cargo. Folli además resultó ser amigo de Alejandro Mercado, quien fuera subjefe de la policía y que también terminó preso.
En septiembre del año pasado el fiscal Enrique Gavier había pedido la detención de cuatro jefes penitenciarios por maniobras de corrupción y encubrimiento en los penales de Bower y Villa María. Le imputaron cobrar para realizar traslado de los detenidos o para obtener privilegios, además de montar «call centers” dentro de cárceles para realizar delitos virtuales. Cristian Namur, ex director de Seguridad, fue procesado como el jefe de la asociación ilícita.
Además, la investigación estableció que inventaban causas o sanciones a las personas privadas de su libertad que se negaran a participar de las actividades ilícitas ordenadas por la jefatura de los penales. Y también para penitenciarios que declararan en su contra.
El 3 de septiembre de 2024 el comisario general Alejandro Mercado, subjefe de la Policía de Córdoba, fue detenido por pertenecer y encubrir a una banda dedicada a la venta de celulares y neumáticos robados, a la compraventa de dólares y préstamos liderada por Mercado y el comisario Cristian Cabrera en lo que se denominan «cuevas» de una galería del centro de Córdoba.
El 10 de junio de 2025, el fiscal Gavier ordenó la detención de Gabriel Armando Allende, Miguel Bazán, Eduardo Gavilán, Ramón Guerrero, Diego Carlos Martinelli, Cristian Raúl Ríos, Cristian Rodrigo Rivero y José Marcelo. Todos por pertenecer a una banda, también presuntamente liderada por Mercado, pero cuando estaba en la División de Delitos Económicos.
«Los hechos imputados en la causa son por asociación ilícita y por hechos ocurridos entre 2007 y 2025 desde el periodo que Mercado llega al área de delitos económicos», explicaron a Clarín. Esto surge cuando los testigos de la causa que se inició contra Mercado declararon haber denunciado hechos similares en 2016.
Esa causa se «perdió» antes de ser investigada por la Justicia y cuando se hizo por segunda vez quedó archivada. Pero el Tribunal de Conductas, que depende del Poder Ejecutivo, no avanzó en las investigaciones internas sobre estas denuncias por lo que Mercado pudo continuar con su ascenso en la fuerza y llegar a subjefe.
Durante esos años -siempre de acuerdo a la investigación judicial- policías que continuaron respondiendo a Mercado durante su carrera dentro de la fuerza, encubrían a bandas de juego clandestino y estafadores dedicados a realizar «el cuento del tío» a personas mayores.
«A esas bandas las protegían, daban cobertura a las cuevas que hacían cambio de billetes, a bandidos que se dedicaban al robo de obras de arte. Frustraban allanamientos y les pedían plata para darles impunidad», ejemplificaron los investigadores.
El punto en común en todas las causas apuntaría contra el Tribunal de Conductas de la provincia de Córdoba, que depende del Poder Ejecutivo, y que no investigó denuncias internas respecto de muchos de estos policías, permitiéndoles crecer dentro de las fuerzas y continuar con las maniobras delictivas.
