Las autoridades del PAMI echaron a la coordinadora de la oficina de El Bolsón, por un caso que provocó escándalo: el cierre del centro de atención local en apoyo a una marcha por Cristina Kirchner.
«El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) informa que se dio lugar a la desvinculación de la jefa del Centro de Atención Primaria (CAP) de El Bolsón y la suspensión preventiva por 29 días de los trabajadores involucrados en el cierre no autorizado de la sede, ocurrido el pasado 18 de junio», informó el PAMI, la obra social de los jubilados.
«Esta intempestiva medida de fuerza, que afectó a los más de 3.700 afiliados de la zona, fue encabezada por el gremio ATE, en señal de repudio a la condena de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner», añadieron desde la entidad.
El hecho se produjo el miércoles 18 de junio en las oficinas de la obra social de los jubilados de esa villa turística patagónica, que también atiende a afiliados de los alrededores.
Las autoridades locales denunciaron que los empleados de la delegación del PAMI de la ciudad rionegrina de El Bolsón no abrieron sus puertas en una muestra de «solidaridad» con la marcha a Plaza de Mayo que en ese momento reclamaba por la suerte judicial de Cristina Kirchner.
Fue la movilización en la que reprodujeron un mensaje de audio grabado por la exvicepresidenta, que luego habló unos segundos por teléfono con sus seguidores desde el departamento de Constitución en el que cumple prisión domiciliaria.
«La decisión de la desvinculación y las suspensiones se enmarcan en una política de transparencia y responsabilidad que impulsa la actual gestión, que no tolerará el uso político-partidario de los recursos públicos ni el abandono de funciones de la administración pública», justificaron desde el PAMI la medida.
Agregaron que «desde el inicio de la nueva administración, se han puesto en marcha auditorias y controles en todo el país para recuperar el rol de PAMI como organismo al servicio de las personas mayores», con el objetivo de dejar «atrás las prácticas tradicionales de la vieja política».
Las autoridades del PAMI dijeron que la oficina continuará funcionando «con normalidad y con personal comprometido con el derecho de los afiliados a una atención ininterrumpida».
La diputada de Río Negro, Lorena Villaverde, destacó la medida disciplinaria como «ejemplar», ya que -aseguró- los empleados «llevaron adelante un uso militante de las oficinas del Estado». Y añadió: «Sin dudas acá se puso un límite frente a la militancia kirchnerista que quiso imponerse por encima de las necesidades de los abuelos. Con los jubilados no se juega ni en Río Negro ni en ningún rincón de la Argentina».
En las primeras horas del escándalo, después de la denuncia de personal local, hubo una primera auditoría interna, en la que se logró constatar que los trabajadores en cuestión se encontraban dentro de las instalaciones aquel 18 de junio, pero «no despacharon ni un sólo trámite». Una fuente oficial, en este sentido, arriesgó que «ocuparon el edificio, cerraron sus puertas y dejaron a la gente sin atender».
Luego, PAMI central inició un expediente administrativo para investigar lo sucedido. Ese trámite fue el que desembocó en la desvinculación de la jefa de la oficina y la suspensión preventiva de otros trabajadores.
