La jueza María Eugenia Capuchetti sospecha que el atacante de Cristina Kirchner no actuó solo y decretó el secreto de sumario después de analizar las imágenes de las distintas cámaras que registraron lo sucedido el jueves por la noche, cuando Fernando Andrés Sabag Montiel gatilló un arma a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta.
Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que ya reconstruyeron el camino del agresor; cómo llegó y si lo hizo acompañado, pero advirtieron que se trata de información que buscan preservar con la declaración del secreto. Además del análisis de las cámaras -públicas y privadas-, revisaron las llamadas entrantes y salientes de Sabag Montiel. “No descartamos ninguna hipótesis”, dijeron en los tribunales de Comodoro Py, aunque deslizaron que por el momento no creen que haya una gran organización detrás del atacante.
Fue un domingo atípico en los tribunales federales de Comodoro Py. La jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo tomaron declaraciones durante todo el día. No solo para investigar el ataque en sí; también para averiguar cómo fue que el teléfono de Sabag Montiel se reseteó “al estado de fábrica” y hoy no tiene información disponible.
Entre los testigos a los que escucharon estuvieron Mario Pablo Borgarelli, el amigo del agresor que había dicho que creía que su plan era matar a la vicepresidenta, y los peritos que manipularon el teléfono de Sabag Montiel: dos especialistas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y los de la Policía Federal Argentina (PFA) que intentaron desbloquear el aparato. Con las explicaciones que escucharon -dijeron en el juzgado-, consideraron que no era necesario abrir investigaciones contra ninguno de los que operaron el Samsung A50 desde que está a disposición de la Justicia.
En cuanto a Borgarelli, declaró que era “conocido” de Sabag Montiel y que lo creía capaz de cometer el hecho, informaron fuentes judiciales. La jueza lo citó después de que él sostuviera, en una entrevista con el Telefe: “Yo creo que su intención original era matarla, sí, pero lamentablemente no ensayó antes”.
Con respecto al teléfono, los investigadores buscan saber por qué podría haberse perdido la información del Samsung, que mientras estaba en poder de los investigadores mostró la leyenda “formateado de fábrica”, lo que significaría que estaría limpio, como nuevo.
Según fuentes judiciales, el celular fue secuestrado apenas Sabag Montiel fue detenido en la noche del jueves y entregado en un sobre cerrado, por la Policía Federal, al juzgado de Capuchetti. Los primeros expertos que intervinieron sobre el teléfono, durante las primeras horas del viernes, fueron de la PFA.
El sobre con el aparato fue abierto frente al personal del juzgado y las partes en Comodoro Py y, en ese mismo lugar, los técnicos de la Policía lo conectaron a una computadora portátil para desbloquearlo con un software de origen israelí llamado UFED, relataron fuentes judiciales. De acuerdo con lo que informaron, después de una serie de intentos de desbloquear la clave y extraer su contenido, concluyeron que el proceso no tuvo éxito (”El peritaje tuvo resultado negativo”, en términos judiciales) y se resolvió guardar el aparato en una caja fuerte del juzgado. Todo este proceso está documento en la causa, dijeron en los tribunales.
A lo que sí se accedió es a la información de la tarjeta SIM y de la tarjeta de memoria del teléfono, sostuvieron.
En la noche del viernes, cuando Capuchetti y Rívolo fueron a tomarle declaración indagatoria al imputado a la sede de la Policía Federal de la calle Cavia, en Capital Federal, le preguntaron si estaba dispuesto a desbloquear su celular. El imputado respondió que por el momento no y se negó a declarar.
Luego, el teléfono pasó del juzgado a manos de la PSA. La jueza Capuchetti envió un oficio a esa fuerza para pedirle que colaborara con la investigación e intentara desbloquear el celular con una versión premium del mismo software UFED (que no tiene la PFA). Y durante la noche del mismo viernes, la jueza hizo llegar, en un auto con su custodio personal, el celular en un sobre a la sede de la PSA en Ezeiza.
Allí lo recibieron técnicos de esa fuerza en un sobre papel madera que estaba abierto, testificaron miembros de la PSA, que dijeron que tenía un mensaje de error de inicio. Según supo LA NACION de fuentes de la causa, cuando consiguieron desbloquearlo, se encontraron con que el teléfono estaba formateado.
No se sabe todavía cómo ocurrió eso. Los investigadores creen que pudo haberlo borrado todo un usuario a través de una cuenta de Google asociada al teléfono (alguien que tuviera la clave necesaria para hacerlo) o que el aparato pudo estar configurado con una opción que ante determinadas circunstancias (como por ejemplo, un cierto número de intentos de acceder al dispositivo) se formateara. Siguen analizando las declaraciones de los peritos y no descartan que la información se haya perdido durante el peritaje de la PFA.
Camila Dafne Seren, especialista de la PSA que peritó el teléfono, declaró en la causa sobre el formateo: “Puede ser posible que se haya debido a un mal procedimiento al momento de realizar extracciones de datos o colocar el mismo en los modos Download o Recovery, o un borrado remoto podría ser, siempre y cuando esté configurado por el usuario”. Dijo además que “en el caso de ser remoto, no se puede determinar en el teléfono desde dónde se reseteó porque los valores se restablecen a valores cero”, pero que “quizás se podría consultar en el caso de que el teléfono esté configurado bajo una cuenta de Google”.
En el juzgado de Capuchetti sostienen que nunca se cortó la cadena de custodia del aparato. “Confiamos en que el contenido se recuperará”, dijeron fuentes judiciales, que informaron que también buscan determinar cómo y cuándo se reseteó “al estado de fábrica”.
Es probable que en las próximas horas se tomen medidas en relación con la novia de Sabag Montiel, que habló en una entrevista televisiva hace dos días. Ella podría ser citada para responder preguntas, dijeron en Comodoro Py a LA NACION. En cuanto al rol de la custodia de Cristina Kirchner, fuentes judiciales dijeron que su desempeño está bajo investigación.
Fuente: La Nación
